La autonomía universitaria

Los acontecimientos que han rodeado la génesis de la Universidad Miguel Hernández, de Elche, han puesto de manifiesto la preocupación de los rectores de las universidades españolas por los frecuentes ataques que se vienen produciendo contra la autonomía universitaria. El conflicto que ha generado la creación esta universidad debe servir de reflexión sobre uno de los conceptos que se recogieron en la Constitución y cuya inclusión fue el logro de muchos años de esfuerzos por defender la autonomía de la Universidad frente al poder político.Desde la instauración de la democracia, y especialmente desde la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) en 1983, la Universidad española ha vivido una época de asentamiento democrático en su seno, de consolidación de las estructuras y de desarrollo docente-científico. Como en cualquier organismo democrático, en las universidades españolas se han vivido episodios en los que diferentes conceptos de universidad, fruto de diversas ideologías, han competido en buena lid por dirigir el futuro de cada una de estas instituciones, pero nunca hasta ahora se había producido un enfrentamiento tan significativo en torno a la intromisión de un poder político en el ámbito de la autonomía universitaria.

Retornando la invitación a la reflexión que nos provocan los acontecimientos ocurridos con la Universidad de Elche, hay que partir del hecho de que la eliminación, por el poder político del gobierno de una comunidad autónoma, de dos centros de una Universidad para incluirlos en otra es una clara injerencia en la autonomía universitaria.

La actual legislación, fruto de las aspiraciones de muchos universitarios, sitúa, sin ningún género de dudas, en los órganos universitarios la potestad para planificar, diseñar y gobernar su vida como institución, mientras que al poder político le reserva el derecho a autorizar o rechazar las proposiciones de la Universidad y a realizar toda una serie de políticas de apoyo y refuerzo de la institución.

Con esta separación de funciones, el legislador buscó distribuir el poder y establecer unos mecanismos de equilibrio entre los intereses académicos y los intereses sociales. Con esta distribución se garantizaba que si una Universidad pretendía desarrollarse en una dirección contraria a los intereses generales de su entorno, de la sociedad en la que está inmersa, el poder político pudiera paralizar o ralentizar dicho desarrollo con el objetivo de evitar un perjuicio para la sociedad.

En el mismo sentido, la legislación pone en manos de la Universidad y de sus órganos de representación el diseño de la planificación académica y su funcionamiento interno con la finalidad de que una decisión política no pueda desvirtuar el verdadero objetivo de las universidades.

En este sentido debe entenderse el escrito que en el Consejo de Universidades celebrado en Pamplona el pasado 24 de marzo fue aprobado por la mayoría de los rectores españoles y por los tres representantes de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE. En él se denuncia claramente la actuación del Gobierno valenciano en todo el proceso de creación de la Universidad de Elche, tanto en la forma como en el fondo. Los rectores han denunciado que en este proceso se ha vulnerado reiteradamente la autonomía de la Universidad de Alicante, permitiéndose que el Gobierno de la Comunidad Valenciana amputara dos de sus centros para adscribirlos a una nueva universidad.

Si este ejemplo cundiera, las universidades españolas estarían al arbitrio de los diferentes gobiernos de turno, temiendo siempre que por intereses electorales se dividieran, multiplicaran, sumaran o restaran las universidades o los centros de cada una de ellas. Si el ejemplo cunde, podemos encontrarnos con universidades minúsculas en cada pueblo, dependiendo siempre de que el partido tal o cual tenga unos intereses electorales determinados.

En el fondo, lo que ha ocurrido en Elche ha sido literalmente contravenir el espíritu del legislador y atentar contra la esencia de la autonomía universitaria. Se ha comerciado con algo tan serio como son los estudios universitarios: "Cambio títulos universitarios por votos".

Todo esto nos lleva inevitablemente a hacernos la siguiente pregunta: ¿a qué intereses responde esta actuación? La respuesta es clara. Entre otras razones, porque al hecho ocurrido en la Comunidad Valenciana habría que contraponer lo que está ocurriendo en Extremadura. En primer lugar, los intereses que se persiguen con la postura mantenida por la Generalitat Valenciana responden a un interés particular, localista, electoral y oportunista del Partido Popular, capaz de vulnerar él derecho de la Universidad de Alicante a su autonomía, por atender sus necesidades políticas en un lugar concreto y en un momento concreto. El Partido Popular antepone unos miles de votos a los derechos constitucionales de la autonomía de una universidad.

Al hilo de lo anterior, lo ocurrido en Elche no es extrapolable a otros gobiernos autonómicos, y un buen ejemplo es la actitud seguida por la Junta de Extremadura. El 30 de octubre de 1996, el presidente Rodríguez Ibarra, ante la Junta de Gobierno de la Universidad de Extremadura, ofreció su apoyo presupuestario para ampliar el número de titulaciones en esta universidad en un número entre 25 y 30, lo que supondría casi la duplicación de las titulaciones que se imparten en la actualidad. Ante esta oferta, la Universidad inicia los trámites oportunos, recogidos en la ley, y se abre un debate interno sobre qué tipo de titulaciones, cómo y dónde deben implantarse. Cinco meses después de que se lanzara el compromiso de la Junta de apoyar esa expansión de la Universidad de Extremadura, comienzan a surgir, curiosamente en localidades en las que gobierna el PP, un debate artificial por el que se reclama a la Junta (no a la Universidad) que las nuevas titulaciones se ubiquen en estas localidades.

Simultáneamente, el Partido Popular e Izquierda Unida toman una serie de iniciativas en las que reclaman que sea el poder político (en este caso la Asamblea de Extremadura, en la que PP e IU mantienen un pacto que les otorga la mayoría) el que decida sobre la ubicación de estas nuevas titulaciones; llegando incluso a descalificar al Consejo Social de la Universidad, cuya legitimidad para pronunciarse sobre el tema cuestionan.

Como se puede ver, el tema es muy similar a lo que ha ocurrido en Elche y responde a la doble concepción de la siguiente pregunta: ¿qué debe primar, el interés político o la autonomía universitaria? La respuesta para los que somos universitarios, progresistas y creemos en el derecho de la Universidad a decidir sobre su futuro es claro: laautonomía universitaria. Por contrario, los que piensan que debe anteponerse el interés politico están enviando un duro golpe a la línea de flotación de la Universidad española.

Lo que se está persiguiendo con estas actitudes son dos claros objetivos. El primero será de actuación inmediata y de advertencia seria a la Universida de que quien manda es el Gobierno, que puede hacer prácticamente lo que quiera. Es un mensaje al que ya nos tienen acostumbrados el PP en el tiempo que lleva en el poder.

El segundo de los objetivo se prolonga más en el tiempo se dirige hacia el deterioro progresivo de la universidad pública. Si se diseminan las universidades en función de los interese electorales más o menos puntuales y locales, se disminuir progresivamente la calidad de la enseñanza y de la investigación en dichas universidades. A menor concentración de recurso humanos y técnicos, menor calidad de la enseñanza y de la investigación. Por tanto, a medio plazo, la calidad de la universidad pública española se verá seriamente deteriorada, favoreciendo la instalación de universidades privadas a costa de la pública. No es socialmente negativa la aparición de universidades privadas, siempre y cuando se garantice el apoyo a la pública; pero, si la aparición de estas nuevas universidades de pago van acompañadas de un claro deterioro de la universidad pública, los españoles darémos un enorme paso atrás en e proceso de igualdad de oportunidades ante la educación, derecho fundamental recogido en la Constitución y que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir.

Es necesario elevar la vista más allá de los intereses localistas, provincianos y gremiale que se manifiestan en alguno conflictos universitarios par anticiparse a lo que evidente mente es un ataque a la autonomía universitaria, a los derecho de esta institución histórica y fundamentalmente, al derecho de todos los españoles de acceder a una enseñanza superior en igualdad de oportunidades.

Afortunadamente, en Extremadura la autonomía universitaria ha salido reforzada. La Universidad de Extremadura, tras un profundo y responsable debate interno, propuso a la Junta la implantación de 28 nuevas titulaciones, propuesta asumida en su totalidad por el Gobierno autonómico, evitando así cualquier tipo de intromisión política marcada por intereses puntuales y localistas. La decisión de la Junta de Extremadura va a suponer el despegue de una Universidad cuyo papel en el desarrollo armónico e integral de la región es vital.