El CIS encarga su primer sondeo político desde que ganó el PP a una firma privada

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recibirá en los próximos días el resultado del primer barómetro político encargado por este organismo público de sondeos a una empresa privada del sector desde la llegada del PP al Gobierno. El CIS ha contratado con la firma ECO un "Estudio sociológico cualitativo de coyuntura de opinión sociopolítica en España". Este servicio ha costado siete millones de pesetas. El Ejecutivo ha recurrido por primera vez a este sistema para saber cuál es la imagen y la valoración de su política y gestión.

El CIS, un organismo que depende de Presidencia, solía recurrir a la contratación de trabajos a empresas privadas del sector también durante los Gobiernos del PSOE, pero entonces utilizaban este método, fundamentalmente, para conocer la posible reacción de la opinión pública ante actuaciones muy concretas, como por ejemplo, la aprobación de la ley de extranjería. El Gobierno del PP también tiene previsto profundizar en esa vía; de hecho el CIS está a punto de contratar otro trabajo "cualitativo" sobre el comportamiento de los españoles respecto al consumo y al ahorro.El Gobierno, sin embargo, no hizo uso de esta posibilidad durante 1996. En 1995 y también en 1994 se contrataron un total de tres estudios cualitativos por ejercicio a empresas privadas, pero para descifrar comportamientos muy determinados de los españoles ante posibles actuaciones sociales, económicas o culturales. Años antes sí se demandaron estudios similares al encargado ahora.

El CIS sacó a concurso público la licitación de este análisis sociopolítico el pasado 9 de enero en el Boletín Oficial del Estado por 7,1 millones de pesetas. Se presentaron nueve ofertas, para las que pujaron las principales firmas del sector. El concurso se resolvió el 3 de febrero, con su publicación en el BOE el 12 de marzo, en favor de ECO (Estudios Comerciales y de Opinión SA) por 6.960.000 pesetas.

ECO tiene un prestigioso currículo entre las empresas del sector en España. Durante bastante tiempo -se ha ocupado de llevar a cabo los EGM, los estudios con los que se mide la audiencia de los medios de comunicación. Ningún directivo de ECO, filial de una multinacional francesa, respondió ayer a las llamadas de este periódico.En el pliego de condiciones presentado a ECO y a las demás empresas se especificaba que el trabajo tenía como objetivo obtener la valoración de las políticas y la gestión del Gobierno en general y de todos y cada uno de sus ministerios.

Un estudio cualitativo de opinión sigue métodos y persigue fines distintos a las tradicionales encuestas cuantitativas y sirve a veces para interpretarlas. Para realizar un estudio cualitativo, las empresas convocan reuniones con grupos de expertos en una materia y realizan entrevistas en profundidad. Esas sesiones se graban y, tras su ponderación, se realiza el informe. Van más allá, por tanto, de las habituales encuestas cuantitativas en las que se realiza un sondeo con respuestas concretas del que surge el porcentaje de población que respalda cada una de ellas.

Concluye el 12 de mayo

El contrato suscrito con ECO fijó un plazo de tres meses para. realizar y presentar ese estudio desde su formalización, que tuvo lugar el pasado 12 de febrero. Ese plazo concluye el próximo 12 de mayo, aunque también es posible que se prorrogue.

Precisamente para finales de mayo está programada la entrega de un nuevo barómetro político oficial del CIS, según el calendario presentado en su día en el Congreso por la presidenta de este organismo, Pilar del Castillo. Estos sondeos políticos se efectuan ahora cada tres meses con preguntas sobre intención de voto desde la llegada del PP al Gobierno porque Del Castillo consideró que en años no electorales no era necesaria una mayor periodicidad. Casualmente, entre el barómetro político oficial del CIS de enero (que se conoció en febrero) y el de abril (que se sabrá en mayo), Del Castillo contrató el mencionado barómetro político a ECO.

Los barómetros políticos oficiales del CIS tienen la obligación -desde que se aprobó la ley que regula este organismo al final de la pasada legislatura- de quedar registrados en el Congreso de los Diputados según un calendario público. Posteriormente engrosan el banco de datos del CIS. Los sondeos privados también acaban en el Congreso y en ese banco de datos, pero su control es menos transparente,