Liberalización, pero menos

UNO DE los sectores en los que el Gobierno muestra una incapacidad de gestión más evidente es en el de las telecomunicaciones. Precisamente porque las estrategias directrices venían dadas y pactadas por el Gobierno anterior: liberalización a fecha fija, segundo operador en Retevisión, creación de una Comisión Nacional de Telecomunicaciones... El ritmo y los objetivos de esta liberalización, cuyo objetivo final era preparar la libertad total de operación a finales de 1998, han sido desvirtuados por la incapacidad del Gobierno, en particular del Ministerio de Fomento, para hacer frente al poder de Telefónica. La compañía que preside Juan Villalonga ha aplicado con eficacia su capacidad de influencia para obtener ventajas significativas antes de que la autorización de otras licencias cuestione su cuota de mercado actual.La pérdida de pulso en la liberalización se manifiesta en decisiones tales como la autorización de las tarifas de interconexión y su compensación á través de las tarifas telefónicas. Si el Gobierno ha autorizado unas tarifas de interconexión bajas, para convencer a los posibles inversores de las ventajas del negocio de Retevisión, a cambio ha autorizado una subida de tarifas a todos los usuarios del teléfono que significará un encarecimiento notable de las llamadas para los usuarios más modestos a partir del 1 de enero de 1998. Los aumentos en la cuota de abono y la reducción de los minutos que componen cada paso implican un incremento de ingresos de la compañía que debe considerarse excesivo. Carece de sentido empresarial impulsar una liberalización desde el Gobierno, que implica mayor competitividad, para finalmente compensar las pérdidas de ingresos producidos por la desaparición del monopolio.

Es claramente negativo que el Gobierno aumente las tarifas a los ciudadanos por el conocido procedimiento de abaratar las internacionales e interprovinciales y encarecer las urbanas, las más abundantes, "para compensar el déficit de acceso" ' cuando no existe un cálculo auditado de los costes que producirá la competencia, y mucho menos de los costes hundidos por prestación del servicio telefónico a zonas de nula rentabilidad.

Si Fomento parece haberse rendido a los argumentos de Telefónica, tampoco parece haber contado con la suficiente fuerza política para activarla puesta en marcha de un segundo operador. La política dilatoria, en la que también incurrió el último Gobierno socialista, va a reducir notablemente el periodo durante el cual el segundo operador podrá experimentar la competencia con Telefónica. Este periodo no será seguramente superior a un ano. Se supone que la fecha para la liberalización total es la que el Gobierno ha anunciado, aunque no comprometido, del 1 de diciembre de 1998.

Existen otros indicios de que el Ejecutivo no tiene un enorme interés en una liberalización auténtica. Uno de los más significativos es la lentitud con que se está poniendo en pie la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, un órgano independiente destinado a garantizar la transparencia y el control tanto del proceso de liberalización como de la verificación de los costes reconocidos en la fijación de las tarifas. A este retraso contribuyó, con sus indecisiones, el Gobierno anterior. Pero ahora la rápida puesta en funcionamiento de la comisión como órgano regulador del sector era una de las condiciones indispensables en la liberalización y en la regulación del mercado futuro.

El equipo de telecomunicaciones del Gobierno no ha podido superar la capacidad de presión de Telefónica. Casi un año después de la formación del Gobierno de José María Aznar, las medidas adoptadas por el Ejecutivo han tenido y tienen como efecto principal reforzar la posición de Telefónica en el mercado, antes y después de la privatización total de la compañía. Sea por debilidad política o porque la empresa ha optimizado su capacidad de gestión ante los poderes públicos, lo cierto es que el resultado es una liberalización capitidisminuida y enclenque.