El Gobierno dará a empresas privadas acceso a datos reservados en la Administración tributaria

El Gobierno vulnera el principio de confidencialidad de los datos reservados en la Administración tributaria. El Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 17 de abril publicó las bases de un concurso dirigido a empresas asesoras de imagen promovido por el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributarla cuya pretensión es mejorar su imagen. El pliego de prescripciones técnicas otorga a las empresas de imagen el "acceso a temas confidenciales", lo que vulnera el principio de reserva de los datos obtenidos por Hacienda.

El BOE del pasado día 17 publicó un concurso dirigido a las empresas de imagen para optar por el asesoramiento del Servicio de Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria, en general. La empresa adjudicataria, según las bases del concurso que se cerrará el próximo 26 de mayo, prestará asesoramiento en "todo lo relativo a prensa e imagen ante los medios de comunicación, opinión pública y organismos de la Administración".El pliego de las bases reconoce el acceso por parte de la empresa adjudicataria a temas confidenciales. En su punto octavo señala: "Dados los temas confidenciales a los que podría tener acceso, la empresa adjudicataria se compromete a publicar aquello que se determine por los órganos de dirección de la Agencia Tributaria o del Servicio de Vigilancia Aduanera".

Dicho acceso por parte de una empresa ajena a la Administración vulnera el principio de confidencialidad de la Administración Tributaria. El artículo 113 de modificación parcial de la Ley General tributaria, del 20 de julio de 19951 señala: "Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros".

La legislación ofrece cinco excepciones para la intervención de terceros, pero ninguna afecta a este caso. Las excepciones son: la investigación o persecución de delitos públicos por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público; la colaboración con otras administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias; la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social para el correcto desarrollo de los fines recaudatorios encomendados a la misma; la colaboración con cualesquiera otras administraciones públicas para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea y la colaboración con las mismas comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido.

La legislación es muy rigurosa con la confidencialidad de la Administración tributaria. El mismo artículo 113 señala: "Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto a ellos, salvo en los casos citados. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieran corresponder, la infracción de este particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave".

El rigor de la legislación en materia de Administración tributaria entra en contradicción con el acceso a temas confidenciales que tendrá la empresa adjudicataria de imagen. Las competencias de la empresa son amplias. Según el pliego, "diseñará las estrategias informativas que deban seguir durante la vigencia del contrato" y "asesorar" y preparará al personal que se determine por el Servicio de Vigilancia Aduanera y en su caso por la Agencia Tributaria, en general, para ruedas de prensa, entrevistas, declaraciones...". La duración del contrato será de dos anos, prorrogables hasta seis. El importe del mismo será de 11.200.000 pesetas.

Se da la paradoja de que el pasado enero el ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, aludió a la confidencialidad con que protege esta ley para rechazar la propuesta socialista de publicar los nombres de los presuntos beneficiados por la supuesta amnistía fiscal de 200.000 millones del anterior Gobierno socialista.