Algo más que una sospecha

CONFORME AVANZAN las informaciones sobre la operación de liberación de los 72 rehenes de la Embajada de Japón en Perú, ocurrida el pasado martes, más se refuerzan las primeras sospechas de que varios de los 14 miembros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) fueron ejecutados cuando ya se habían entregado a las fuerzas especiales del Ejército peruano. Las presunciones al respecto se consolidan sin que el Gobierno peruano se haya preocupado por desmentirlas, concentrado como está su presidente, Alberto Fujimori, en la celebración de una operación que goza del apoyo de la mayoría de los peruanos.Los responsables primeros de la tragedia habida en Lima son aquellos que recurrieron el 17 de diciembre a las armas para asaltar una embajada y tomar casi cinco centenares de rehenes para al final mantener retenidos a 72 durante 126 días. Pero dicho esto, el Estado peruano debería mostrar mayor interés que hasta ahora por explicar al mundo entero -que se ha estremecido al ver, a través de la televisión, los horrores de la acción- cómo varios de los terroristas, desarmados y reducidos ante los ojos de numerosos testigos entre los rehenes, aparecieron después muertos con disparos en la cabeza.

La explosión en la planta baja de las minas instaladas por el Ejército para abrir vías de acceso al edificio mató e hirió a varios de los miembros del MRTA mientras jugaban al fútbol. Otros estaban armados, como muestra el hecho de que dos soldados murieran durante el intercambio de disparos. Pero son varios los testigos entre los rehenes, no precisamente sospechosos de albergar mala fe hacia sus liberadores, quienes han revelado que algunos miembros del MRTA quisieron rendirse. Entre ellos una de las dos adolescentes que se hallaban en el edificio, que se entregó, fue reducida e introducida luego en una habitación por soldados. Se halló después entre los 14 cadáveres.

El muy autoritario presidente Fujimori debiera recordar que las olas de popularidad van y vienen y que, tarde o temprano, otros clichés políticos harán empalidecer u olvidar el suyo, tan mediático, con chaleco antifragmentación y walkie-talkie dirigiendo la operación. El entusiasmo de sus seguidores hoy en Perú no puede hacerle ignorar que su imagen fuera ha quedado aún más deteriorada de lo que ya estaba, también entre esa inmensa mayoría de ciudadanos que se felicita de que concluyera con éxito la liberación de los rehenes.

Es imprescindible, por tanto, aclarar ante la opinión pública internacional si al éxito en la lucha contra el crimen terrorista del secuestro siguió o no un crimen de Estado, si aprueba lo acontecido o incluso lo ordenó. El Estado peruano tenía la razón cuando comenzó la operación de rescate de los rehenes. Ahora es necesario saber si perdió esa razón al concluirla -o incluso al dar órdenes de antemano de "no hacer prisioneros"- de la forma que se intuye y que repugna a toda persona que crea en el Estado de derecho y tenga un mínimo de humanidad.

La situación requiere que una comisión independiente establezca nítidamente lo ocurrido. Que se sepa todo lo que ha pasado en Lima. De otro modo se corre el riesgo de que a lo que es algo más que una sospecha sobre un crimen de Estado en Perú se superponga otra hipótesis sobre la voluntad de taparlo. Los derechos humanos son universales.