Garzón ordena un careo entre Manglano y Perote por el 'caso Oñederra'

El juez Baltasar Garzón celebrará la próxima semana un careo entre el ex director del Cesid teniente general Emilio Alonso Manglano y el ex jefe de la Agrupación Operativa de este organismo coronel Juan Alberto Perote. La diligencia se celebrará dentro del caso Oñederra, que investiga cuatro asesinatos de los GAL en el sur de Francia, el secuestro de un miembro de los GRAPO, la utilización de cobayas humanas y el envío de cartas bomba a personas vinculadas a ETA y HB.

Aunque en el juzgado niegan que se haya citado a Manglano y Perote, la diligencia ha sido acordada como consecuencia de que el Gobierno ha entregado ya al juez Baltasar Garzón los 18 papeles del Cesid que había solicitado. La prueba cobra un nuevo significado después de que el Ejecutivo haya certificado la autenticidad de unos documentos que ya figuraban en el sumario pero que hasta ahora estaban en entredicho. Los papeles, en su mayoría, habían sido intervenidos por el juez Garzón en el registro efectuado en la celda del coronel Perote en la prisión militar de Alcalá de Henares.Fuentes jurídicas han restado importancia a la polémica de si la abreviatura "Pte." que figura manuscrita por Manglano en una de las notas de despacho ahora desclasificadas significa "pendiente" o "presidente". Lo importante, según las mismas fuentes, debe ser a qué persona daba cuenta Manglano de los operativos del centro o de las informaciones que se obtenían. Las posibilidades se reducen a dos: al ministro de Defensa o al presidente del Gobierno.

Estas fuentes estiman que tanto uno como el otro son personas aforadas y, por tanto, lo más probable es que la causa termine en el Tribunal Supremo, aunque precisaron que los solos indicios que figuran en los papeles del Cesid parecen insuficientes para formular por el momento una exposición motivada que remita el sumario al Tribunal Supremo.

Garzón ha remitido además al juez Javier Gómez de Liaño las diligencias abiertas contra el abogado Jorge Argote por un presunto delito de coacción al testigo protegido Txofo en los sumarios Oñederra y Lasa-Zabala. Fuentes jurídicas explicaron a Europa Press que las investigaciones partieron de una denuncia del testigo protegido, en la que aseguraba que el letrado le había ofrecido 50 millones por cambiar su declaración.

Tras esta denuncia, se grabó una conversación telefónica entre el testigo y el abogado fijando una cita en Madrid. En este encuentro, fechado en junio de 1996, el testigo protegido llevaba una grabadora con la que registró una conversación -muy ambigua, según las mismas fuentes, que añaden que en ella se habló de la conveniencia de "arreglar el coche".