La larga marcha

LA INTERMINABLE crisis de la fiscalía de la Audiencia Nacional puede ser muy entretenida, pero resulta altamente corrosiva para el prestigio de una institución en cuyas manos están algunos de los asuntos judiciales de mayor trascendencia pública. A fin de superar cuanto antes esa crisis y poder "mirar hacia adelante", la Asociación de Fiscales ha instado al Gobierno a ejecutar de inmediato la sanción de traslado forzoso de la fiscal María Dolores Márquez. Pero la ministra de Justicia, en respuesta a una pregunta del socialista Belloch, informó ayer de que aún está a la espera de recibir la comunicación correspondiente de la fiscalía del Estado y que el asunto podría dilatarse todavía unos quince días. Todo ello ocurre en medio de una feroz campaña de presión sobre el Ejecutivo para que deje sin efecto esa y las otras sanciones decididas el viernes por Ortiz Úrculo, por lo demás muy inferiores a las que había solicitado el Consejo Fiscal.Como si quisieran dar la razón a sus acusadores, la primera reacción de los sancionados, por boca del fiscal Gordillo, fue desafiar al Gobierno mediante la advertencia de que si la sanción a María Dolores Márquez era ratificada, los demás pedirían también el traslado. Es decir, crearían un grave problema de funcionamiento a la Audiencia Nacional. Tal actitud de solidaridad sindical, que en otras profesiones y circunstancias podría resultar hasta noble, se convierte en algo muy parecido a la insubordinación cuando se plantea en los términos en que lo ha hecho Gordillo. Fungairiño ha sido más sutil y se ha limitado a advertir a Ortiz Úrculo que no volverá a presentar su candidatura a fiscal jefe si es sancionado. Pero todo ello no hace sino ratificar el informe de la inspección, que les acusaba -al igual que su ex jefe Aranda- precisamente de insubordinación y de actuar "como un grupo de presión, movidos por intereses personales y en abierta contradicción con el principio constitucional de dependencia jerárquica".

El Estatuto del Ministerio Fiscal considera causa de traslado forzoso de los fiscales la existencia de "disidencias graves con el fiscal jefe por causas a ellos imputables" y establece que la decisión del traslado corresponde al "órgano que hubiese acordado el nombramiento"; es decir, en el caso de los fiscales de la Audiencia Nacional, al Consejo de Ministros. No es, pues, la ministra de Justicia, sino el Gobierno en cuanto tal el que debe asumir su responsabilidad, y debería hacerlo cuanto antes. Porque será difícil que puedan presentarse candidatos a la jefatura de la fiscalía mientras no se resuelva el asunto, y porque canta mucho el contraste entre la parsimonia actual y la celeridad con que el Gobierno convalidó el cese de Aranda. El Consejo Fiscal votó su cese un jueves, el Consejo de Ministros lo aprobó al día siguiente y ese sábado se publicó en el BOE. Todo por no haber evitado una rebelión a bordo que al final parece no haber existido.