`Dura lex´ (para todos)

QUIENQUIERA QUE sea el que decida estas cosas ha acordado pagar las fianzas de los 22 miembros de la dirección de Herri Batasuna (HB) encarcelados. Todos están acusados de un presunto delito de colaboración con banda armada a cuenta de la difusión de un vídeo de ETA durante la última campana electoral. La decisión, comunicada ayer por la dirección provisional constituida tras las detenciones, se produce un día después de, que el juez rebajara de cinco millones a 500.000 pesetas las fianzas de 18 de los dirigentes presos. Pero también van a pagar las fianzas no rebajadas de los cuatro miembros de la Mesa Nacional que se entregaron el viernes en la frontera tras haber permanecido durante 70 días en el extranjero intentando convencer a la opinión pública de varios países de que el motivo de las detenciones era que HB había puesto sobre la mesa la única propuesta realista de paz: la llamada alternativa democrática, que ETA presentó por primera vez en abril de 1995, en el mismo comunicado en el que asumía la responsabilidad del intento de asesinato de José María Aznar, entonces líder de la oposición.Pese a la presentación edulcorada de los fines y medios de ETA y HB realizada por esos propagandistas, la campaña ha obtenido un eco reducido; infinitamente menor del que hace algunos años alcanzaban iniciativas similares en países como Bélgica o Francia. Por otra parte, un llamamiento de HB a la huelga general en protesta por las detenciones se zanjó el pasado 7 de marzo con un llamativo descalabro.

La decisión de pagar las fianzas es probablementre el resultado de ese doble fracaso. Desde hace semanas existe en el País Vasco la impresión de una cierta desorientación y falta de iniciativa de la dirección interina. Ello provocó una conferencia de prensa reciente, en la que uno de los dos portavoces públicos de esa dirección declaró textualmente que el Estado "está desbordado por la capacidad política que está demostrando HB". Tal vez los dirigentes encarcelados no compartían ese criterio, o tal vez dos meses en prisión les han parecido mucho.

Esto es lo que han insinuado en las, últimas horas algunas personas del mundo nacionalista democrático: que quienes incitan a los presos de ETA a aguantar 15 o 20 años de cárcel, se oponen a las iniciativas de reinserción de los presos y hasta les incitan de vez en cuando a hacer huelgas de hambre, son incapaces ellos mismos de aguantar dos meses de cautiverio.

A raíz de las detenciones, algunos partidos criticaron lo que consideraban que era hacer el juego a HB. Discutibles criterios de oportunidad política fueron invocados contra la aplicación escueta de la ley. Se temía la explotación propagandística, interior y exterior, que HB pudiera hacer de la imagen de las detenciones, reiterada durante semanas, y a la eventual movilización de respuesta. Sin embargo, quienes criticaban la decisión adoptada por la justicia no ofrecían otra alternativa que la impunidad: que los jueces, la policía, los partidos políticos y la población en general fingieran no haberse enterado de que unos ciudadanos convocados por la justicia para tomarles declaración la desafiaban abiertamente declarando en conferencias de prensa que no pensaban presentarse. La experiencia de estos años indica que toda provocación sin respuesta es considerada por ese mundo como tierra conquistada, y lo que suscita es una provocación mayor. Pasados dos meses, se ha demostrado: primero, que se puede vencer el miedo, como se comprobó el día de la convocatoria de huelga general; segundo, que es posible una aplicación sobria de la ley sin que ello sea hacer el juego a quienes se creen con derecho a pasar de ella.

El criterio de legalidad tiene que ser también el dominante a la hora de considerar el escándalo suscitado por la noticia de que el dirigente de HB Jon Idígoras cobrará la pensión máxima por invalidez. Existe cierta confusión al respecto, pero parece lógico pensar que si la Seguridad Social ha resuelto favorablemente la petición es que su cuota había sido pagada. La ley obliga a seguir pagando las cotizaciones de los trabajadores suspendidos de empleo y sueldo. Por tanto, tendría derecho a la pensión. Otra cosa es que sea lógico que los ciudadanos se escandalicen de que pueda cobrarla alguien que no es que haya estado (temporalmente) suspendido de empleo, sino que no ha pisado su teórico lugar de trabajo más allá de algunos minutos en dos legislaturas. Pero entonces lo que hay que hacer es cambiar el reglamento, no forzar una excepción con argumentos ad hominem (como ese de que si no se considera español que no cobre del Estado). La eventual revisión de ese punto del reglamento podría servir también para reconsiderar otros privilegios que los diputados se han adjudicado a sí mismos con carácter general.