Abierto juicio a Hachuel por apropiación de 1.344 millones en la Operación Carburos

La juez Teresa Palacios dictó ayer un auto por el que abre juicio oral contra Jacques Hachuel por un presunto delito de apropiación indebida de 1.344 millones de pesetas en la llamada Operación Carburos del caso Banesto, en la que el citado financiero participó con los otros acusados, Mario Conde, Arturo Romaní y Rafael Pérez Escolar. La juez le ha impuesto una fianza por responsabilidad civil de 1.400 millones de pesetas.

La fianza deberá prestarla Hachuel de forma solidaria con los otros acusados. La juez ha convocado para mañana, jueves, la vistilla solicitada por el fiscal y las acusaciones, a fin de determinar si procede adoptar medidas cautelares. La inculpación de Hachuel eleva a nueve los acusados en el caso Banesto.

La juez señala en su auto que en abril de 1990, entre Banesto y Air Products se firmó un contrato de opción de compra sobre 672.000 acciones del capital de la Sociedad Española del Carburos Metálicos, por el que la mencionada sociedad adquirente de las opciones desembolsó la suma de 1.344 millones de pesetas".

Esta cantidad, agrega el auto, nunca fue ingresada en las cuentas de Banesto ni en las de la corporación, disponiendo de esa cantidad los ya acusados Mario Conde, Arturo Romaní y Jacobo Hachuel, con el que los primeros se pusieron de acuerdo para realizar la operación descrita".

A la vista de las acusaciones y del resultado de la instrucción, señala el auto, Jacques Hachuel aparece "como posible responsable de un delito de apropiación indebida, en concepto de cooperador necesario". El fiscal Luis López Sanz ha solicitado una pena, de acuerdo con el código penal vigente, dé seis años de prisión y multa de 18 millones de pesetas.

La juez ha acordado también fijar una fianza por responsabilidades civiles de 1.400 millones, según solicitaba el fiscal. La fianza debe presentarse de forma solidaria con los otros acusados en la operación Carburos, Conde, Romaní y Pérez Escolar. La prestación de la misma deberá producirse en el plazo de 24 horas siguientes a la notificación del auto de apertura de juicio. Éste advierte que, de no prestarse, se procederá a embargar bienes de Hachuel.

Entre las resoluciones, la juez ha accedido a considerar responsable civil subsidiario a la sociedad Mariella Real Estate Holding Establishment, propiedad de Hachuel. La solicitud de bloqueo de las cuentas de esta sociedad, hecha por Banesto, será tratada en una pieza de responsabilidad particular.

Otras medidas se refieren a la situación personal de Hachuel. La juez mantiene en libertad provisional sin fianza al financiero, que deberá comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado, pero le ha citado para mañana jueves a fin de discutir, según petición del fiscal y las acusaciones, medidas cautelares. La juez ha rechazado, en cambio, abrir juicio oral contra Hachuel por una operación previa a la de abril de 1990.

Banesto había acusado a Hachuel en relación con una emisión de bonos subordinados por valor de 200 millones de dólares, con la inclusión de 2.028.000 warrants que daban derecho a otros tantos títulos de Carburos Metálicos. Esta operación fue lanzada en agosto de 1989. Mientras Banesto pedía también que se acusara a Hachuel por haber obtenido, junto con la sociedad Euris, unos 1.000 millones de pesetas, el fiscal se limitó a describir los hechos.

Según el fiscal, la emisión de warrants fue orientada a "presionar" a Air Products, el otro socio de Banesto en Carburos Metálicos. El fiscal recuerda que, bastante antes de la emisión, Banesto acordó con Euris, por contrato de 29 de junio de 1989, el aparcamiento de los warrants. Finalmente, como la operación fracasó, Banesto recompró la posición de Euris y pagó un sobreprecio de 1.000 millones. Pero el fiscal no acusó a Hachuel.

Por otra parte, la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sección primera, ha citado a Mario Conde el próximo 18 de abril y le ha dado un plazo de 10 días naturales, a partir de una providencia dictada ayer, para presentar una serie de certificaciones sobre las fincas propuestas para formalizar garantías hipotecarias por valor de 4.000 millones de pesetas como fianza tras ser condenado a seis años de prisión en el caso Argentia Trust.

La sala también ha librado un oficio, al Colegio de Ingenieros Agrónomos para que designen dos peritos para que emitan un informe sobre las fincas.