Inquietud

Si no estoy equivocado, uno de los pilares fundamentales de toda democracia es la independencia de los tres poderes del Estado en cuestiones que son de su competencia exclusiva. Pues bien, debo estarlo, desde el momento en que el poder judicial se ha sentido capacitado para decidir si el Gobierno debe o no considerar secretos unos documentos y si esos documentos afectan o no a la seguridad del Estado; cosas ambas que se supone deberían ser competencia exclusiva del poder ejecutivo. Y yo me digo: ¿qué sucedería en cualquier país civilizado si el Gobierno pretendiera arrogarse la atribución de decidir si un sumario instruido por el poder judicial debe o no ser declarado secreto (algo perfectamente equivalente y del todo comparable a lo anterior)?Y me sigo diciendo: ¿qué clase de Gobierno es aquel que renuncia al ejercicio de la soberanía que todo un pueblo ha puesto en sus manos, que se somete mansamente a las veleidades de un cuerpo de funcionarios de élite al que se accede por concurso-oposición y no a través de las urnas, y que ni siquiera se plantea la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional para que éste ponga en su sitio a un poder judicial capaz de usurpar las funciones del Ejecutivo?

Y con respecto a la nueva y previsible Ley de Secretos Oficiales, me pregunto: ¿se imagina alguien algo parecido a la posible existencia de una ley de secretos sumariales según la cual el único organismo capacitado para dictaminar el secreto de un sumario sea el pleno del CGPJ, y sus acuerdos revisables de oficio por una comisión de parlamentarios o de miembros del Gobierno? Al fin y al cabo, si desde la política pueden cometerse actos delictivos -competencia del poder judicial-, también desde la judicatura se puede actuar en política -competencia exclusiva del poder político-

Y ante todo ello, acabo por decirme: ¿no sería más adecuado que en el futuro los ciudadanos de este país votáramos directamente a los miembros del poder judicial que queremos que nos gobiernen -por supuesto, partiendo de listas confeccionadas por las propias asociaciones de jueces y magistrados- y que los escaños en el Parlamento y en el Senado fueran cubiertos por funcionarios interinos renovables cada cuatro años? No es que me parezca una solución demasiado digna ni ajustada a la Constitución, pero sí mucho más próxima a la realidad actual.

No obstante, hay una idea que no deja de inquietarme: la de que cuando un Gobierno y un Parlamento empiezan poniendo la soberanía nacional en manos de un grupo de salvadores de la patria vitalicios, lo más fácil y previsible es que acaben por en tregárselas a un caudillo responsable sólo "ante Dios y ante la historia". Entre otras cosas, por que la ideología que hay detrás, en ambos casos, es exactamente la misma.-