Primavera económica

LA SOCIEDAD española está viviendo un periodo de bonanza y estabilidad económica que se está convirtiendo en el mayor activo político del Gobierno. El último episodio de esta primavera económica fue el dato del IPC de marzo, que bajó hasta el 2,2% la tasa de inflación y consiguió un registro mínimo sin precedentes. La reforma laboral pactada por los sindicatos y los empresarios y la buena evolución del empleo en marzo fueron hitos inmediatamente anteriores del optimismo reinante que, de paso, ha generado una cierta euforia sobre las posibilidades españolas de cumplir los objetivos de la UEM. Si un Gobierno estuviera en condiciones de elegir un entorno económico óptimo para desarrollar su labor, seguramente no diferiría mucho del que reflejan los indicadores macroeconómicos españoles en el último año.En la obtención de registros económicos tan favorables concurren diversos factores, cuya naturaleza y alcance es desigual, pero que, en líneas generales, permiten anticipar el mantenimiento de la tasa de inflación en niveles compatibles con los objetivos marcados por el Banco de España y en la aproximación a las condiciones de convergencia exigidas para el acceso a la fase final de la unión monetaria. El descenso espectacular de los precios no es algo específico de nuestra economía. Todos los países europeos mantienen una tendencia similar, hasta tal punto que, en febrero, la tasa de inflación española sigue siendo la más elevada de Europa, con la excepción, claro está, de Grecia.

Ningún escenario, ni siquiera el más idílico, está exento de sombras. La debilidad del consumo privado contribuye sin duda a la contención de los precios; factores como la mayor flexibilidad en el mercado de trabajo, la contención de las remuneraciones salariales y la manifiesta incertidumbre sobre el futuro del sistema público de pensiones hacen que los consumidores intensifiquen su tendencia al ahorro. Pero esta depresión del consumo ha venido limitando hasta ahora la capacidad de crecimiento de la economía española. Si las tasas de crecimiento son todavía aceptables se debe a que las empresas siguen aumentando su cuota de exportaciones. El crecimiento de la economía es inferior todavía al necesario para absorber el elevado desempleo que sigue diferenciándonos del resto de Europa y, desde luego, para satisfacer el objetivo de generación de ingresos impositivos necesario para reducir el déficit público al 3% del PIB este año. Es necesario comprobar si en el primer trimestre del año se confirman las expectativas de recuperación del consumo, como esperan los expertos.

La estabilidad actual favorece a todos los ciudadanos, que verán, si no lo han visto ya, cómo se reduce el coste del dinero. A este respecto, conviene recordar que son los ciudadanos y los agentes sociales quienes más están contribuyendo a reducir la inflación y los desequilibrios económicos. Los consumidores han aumentado su adiestramiento social y son más exigentes en calidad y precio; los empresarios se están adaptando a la competitividad de los mercados y han reducido notablemente su presión sobre la inflación.

El Gobierno está capitalizando el éxito del conjunto de la sociedad en aproximamos a los parámetros económicos europeos. Poco hay que oponer al respecto; es una práctica habitual, también fuera de España. Hay que señalar, sin embargo, que una parte de la mejora económica es atribuible a la inocuidad o prescindibilidad de sus decisiones. Sus mejores éxitos lucen allá donde ha dejado actuar libremente a la sociedad civil. Allí donde ha intervenido, los resultados son más discutibles. Así, sus programas de liberalización apenas han conseguido reducir la inflación del sector servicios; y su plan de estabilidad hasta el año 2000, además de ser poco respetuoso con la memoria histórica de los ciudadanos cuando promete, sin argumentos suficientes, la creación de un millón de puestos de trabajo, vuelve a repetir las vagos propósitos de liberalización y de persecución del fraude.

Sin embargo, el Ejecutivo tiene una tarea que cumplir, y es relativamente urgente. Para que España se asiente entre los países de baja inflación, de forma que los tipos de interés sigan bajando y sea más fácil la recuperación de la inversión privada y, con ella, el crecimiento del empleo, es necesario que el Gobierno concrete alguna de las medidas liberalizadoras que anuncia con insistencia en términos imprecisos; también sería deseable que aumentara la ambición y alcance de tales reformas. Si estas medidas no se aplican y con éxito, esta benigna primavera económica no podrá cumplir los voluntaristas objetivos que el Gobierno acaba de hacer públicos en su programa de estabilidad. Y nadie quiere que el otoño nos traiga tristezas.