El Tribunal Superior balear confirma el pinchazo telefónico al juez del 'caso Calvià'

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Ángel Reigosa, y el fiscal jefe, Antonio de Vicente Tutor, reconocieron ayer la verosimilitud del pinchazo telefónico al que fue sometido el magistrado Javier Muñoz. Este juez investiga la relación del PP con las tramas financiera y política -aún ocultas y sin juzgar- del caso Calvià, un caso de intento de soborno a un concejal del PSOE en 1992, al que se ofrecieron 100 millones de pesetas. Por este delito el Supremo condenó a dos militantes del PP y a un comisionista.

Reigosa y De Vicente afirmaron que han tenido conocimiento directo por el juez Muñoz de la denuncia por escuchas ilegales que formuló su esposa, a cuyo nombre figura su teléfono privado. También han sido informados de las infructuosas investigaciones técnicas efectuadas por la policía en la red particular y en la del despacho del citado juez.

El presidente del Tribunal Superior manifestó sobre la intervención ilegal: "Por los indicios parece ser que sí [existió]", pero agregó que las investigaciones "han sido negativas y no han aportado pruebas". Se supone que el dispositivo ilegal fue desmontado al ser detectadas las escuchas, cuando el magistrado del caso Calvià fue advertido de que una de sus comunicaciones telefónicas fue oída por otro interlocutor que usó la misma línea cinco horas después.