Dos constructores de Zamora se querellan contra Corrales
El empresario zamorano Eduardo Corrales Cavarrot, del que partió la denuncia de la presunta financiación ilegal del PP a través del cobro de comisiones ilegales a constructores a cambio de la adjudicación de obras, no se concilió ayer con dos de los constructores a los que ha implicado en la trama. Corrales ni siquiera se acercó al juzgado de paz de Morales del Vino, al que sólo acudieron los representantes legales de los constructores Hermanos Tábara y César Martínez Omaña, quienes anunciaron que en los próximos días presentarán querella contra el empresario por injurias y calumnias.Martínez Omaña, según el relato de Corrales al fiscal jefe de Zamora, fue quien hizo entrega a José María Aznar en un hotel de Valladolid entre abril y mayo de 1987 de un cheque por valor de dos millones de pesetas para su campaña electoral a la presidencia de la Junta de Castilla y León aquel año. En aquel acto, en el que otro constructor, Antonio San Gregorio, le hizo entrega de otro cheque por valor de un millón de pesetas y en el que estuvieron acompañados por un tercero, Miguel Vecino Cordero, según Eduardo Corrales Aznar dijo a sus donantes que aquel dinero se convertiría en el futuro en 300 millones de pesetas.
En otro acto de conciliación, en el juzgado número 2 de Zamora, tampoco hubo avenencia en la demanda del ex presidente de la Diputación Provincial Luis Cid Fontán contra el actual presidente, Antolín Martín. Este, pendiente de su expulsión del PP, denunció públicamente la corrupción de cargos de su propio partido y, entre ellos, de su predecesor en el cargo. Luis Cid dijo' ayer que esperará a la resolución del procedimiento iniciado de oficio por el ministerio fiscal para resolver el caso antes de presentar una querella por injurias y calumnias, tal como había anunciado, contra Martín y Corrales.
Santarén lo niega
El fiscal jefe de Zamora, José María Caballero, reanudó ayer las comparecencias en el caso de las comisiones ilegales. Declararon Carlos Vidal, el representante de la empresa Maquinaria Martín Jiménez, de Salamanca, que presuntamente pagó una comisión por una adjudicación de maquinaria en 1984. También declaró el constructor Mariano Santarén. Éste declaró a La Vanguardia el pasado 20 de marzo, lo que corroboraba las denuncias de Eduardo Corrales, que en la Diputación de Zamora se "pedían comisiones a todo el mundo en plan descarado". "Muchos cedieron y pagaron. Sé de uno que tuvo que llevar un maletín con tres millones. Otros nos negamos y éramos olvidados en las adjudicaciones, que se repartían a dedo entre los que pagaban", añadió.Ayer, tras permanecer 45 minutos en el despacho del fiscal (Carlos Vidal apenas estuvo media hora), negó tales declaraciones y afirmó: "no fueron hechas por mí; en su mayoría fueron falsas".
