Garzón decreta orden de prisión para el ex presidente argentino Galtieri
El juez Baltasar Garzón decretó ayer la prisión provisional incondicional para el ex presidente de Argentina Leopoldo Galtieri por su implicación en el caso de los cerca de 350 españoles "desaparecidos" durante la dictadura militar argentina. El magistrado de la Audiencia Nacional dictó orden internacional de detención contra el general, a quien podría imputar un delito de genocidio, otro de terrorismo, cuatro de asesinato y uno de detención ilegal. Una ley de punto final dictada en Argentina eximió a Galtieri de responsabilidades.
El juez Baltasar Garzón, dio ayer un paso más en el caso en el que investiga la desaparición de unos 350 españoles durante la dictadura militar argentina. El magistrado de la Audiencia Nacional dictó orden de prisión provisional incondicional para el general Leopoldo Galtieri, presidente de Argentina entre 1981 y 1982, que se ha negado a colaborar con el juez en sus investigaciones.En el auto, el magistrado recuerda que los hechos que imputa a Galtieri pueden ser constitutivos de un delito de genocidio, otro de terrorismo, cuatro delitos de asesinato y uno de detención ilegal, todos en relación con la "desaparición" de varios miembros de la familia del español Víctor Labrador.
Garzón dictó, además, una, orden internacional de detención contra el general con efectos de busca, captura y extradición en todo el mundo salvo en Argentina, donde una ley "de punto final" eximió de responsabilidad a todos los implicados en la dictadura del país suramericano.
El fiscal del caso, Pedro Rubira, se ha mostrado contrario "en este momento procesal" a la orden de encarcelamiento, solicitada por las acusaciones particulares personadas en la causa.
Durante su mandató, Galtieri condujo al país a la guerra de las Malvinas contra Gran Bretaña, por lo que fue condenado en 1986 a 12 años de cárcel. El actual presidente, Carlos Menem, lo indultó en 1989.
Está probado, según Garzón, que en 1975 se produjeron en Argentina "una serie de acontecimientos. políticos, sociales y criminales" que hicieron que los responsables militares decidieran derrocar a la presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón, y "diseñar y ejecutar un plan criminal de desaparición y eliminación sistemática de personas". Para lograr este fin, continúa el auto, "proyectado desde la cúpula del poder militar", se desarrollaron "varias acciones a través de organizaciones paramilitares como la Triple A". Como consecuencia, se produjo la "desaparición" de entre 25.000 y 30.000 personas.
Una de las seis zonas militares en las que se divide Argentina y en la que se practicaba la represión fue la de la provincia de Santa Fe, cuyo responsable entre septiembre de 1976 y enero de 1979 fue Galtieri. En Santa Fe murieron varios miembros de la familia del español Víctor Labrador, natural de Salamanca, y otros desaparecieron a manos de fuerzas que dependían del general, que manifestó que uno de los desaparecidos, el hijo de Labrador, "para él estaba muerto".
Vicente Ramírez Montesinos, entonces cónsul de España en Rosario, la capital de Santa Fe, declaró ante Garzón que Galtieri le había reconocido que varios miembros de la familia Labrador eran considerados como objetivos militares. El general lo justificó alegando que en la fábrica de zapatos de la familia se hacían maletines con doble fondo para esconder documentos.
Según Garzón, Galtieri, que fue, además de presidente de la república, jefe del Ejército, tuvo "una participación activa ( ... ) en la creación y desarrollo de un estado de terror y genocida y como inductor de los asesinatos, secuestro y desaparición" de varios españoles. Por los mismos hechos, el juez acuerda tener como imputados a los autores materiales José Rubén Lofiego, Antonio Ávila. y Alberto Vitantonio, y ordena cursar una comisión rogatoria internacional a Argentina para tomarles declaración con asistencia de abogado. Garzón ha criticado la actitud del Gobierno de Buenos Aires, que s e negó a cumplimentar la comisión rogatoria que envió en 1996. Según el juez de la Audiencia Nacional, el gobierno argentino incumple "paladinamente" el convenio de asistencia judicial entre los dos países.
Desde Izquierda Unida, una de las partes personada como acusación particular, se mostraba ayer un sentimiento de satisfacción por el auto de Garzón, hecho público el mismo día en que se cumple el vigesimoprimer aniversario del golpe militar en Argentina. Isabelo Herreros, secretario de Derechos Humanos de IU, destacó que "sería la primera vez que se procesaría a un Jefe del Estado por delitos de lesa humanidad desde la II Guerra Mundial".
Una de las diputadas de la coalición, Angeles Maestro, obtuvo, tras una interpelación en la Comisión de Exteriores del Congreso, un informe oficial del Gobierno en el que el Ejecutivo reconoció y criticó duramente la existencia en Argentina de genocidio y terrorismo de Estado.
