El Tribunal Supremo desclasifica 13 de los 16 documentos del Cesid sobre la guerra sucia

La Sala Tercera del Tribunal Supremo acordó ayer la desclasificación de los 13 documentos secretos del Cesid más reclamados por los jueces que instruyen los sumarios de los casos Lasa y Zabala, Oñederra y Lucía Urigoitia, relativos a actuaciones presuntamente delictivas de las fuerzas de seguridad en la lucha contraterrorista. Tras cuatro días de deliberaciones, la Sala Tercera hizo pública su resolución en una escueta fotocopia en a que sólo menciona los números de los recursos y las fechas de los documentos que deberán ser entregados a los jueces. Los documentos no desclasificados son aquéllos que, según ha asegurado el Gobierno, no se encuentran en el Cesid o los que no tienen ninguna relevancia para los sumarios en curso.

Algunos de los documentos desclasificados lo serán sólo parcialmente, permaneciendo bajo secreto determinados párrafos. Varios magistrados, contrarios a la desclasificación, anunciaron que -emitirán votos particulares cuando se elabore la sentencia, después de Semana Santa.Los 33 magistrados de la Sala Tercera se inclinaron mayoritariamente por la desclasificación de los documentos del Cesid considerados más comprometedores, entre los que se encuentran la denominada acta fundacional de los GAL y la nota de despacho sobre el inminente inicio de acciones contra ETA en el sur de Francia, junto a la célebre nota "Me lo quedo. Pte. para el viernes" del director del Cesid, Emilio Alonso Manglano. La nota de despacho se entrega por partida doble a los jueces Garzón y Gómez de Liaño, puesto que los dos la habían solicitado.

La Sala Tercera puso la guinda a cuatro días de desinformación con lo que uno de sus miembros calificaría de "espectáculo lamentable". Varios magistrados que protagonizaron la desbandada final lo hicieron cubriéndose el rostro con periódicos o legajos para evitar las cámaras.

Recursos de Iruin

Fuentes del alto tribunal indicaron que en una primera fase de la deliberación se hizo un estudio general sobre los criterios a seguir y la normativa aplicable a los recursos interpuestos por el abogado de HB Íñigo Iruin, quien reclamaba la desclasificación de una veintena de documentos.El criterio mayoritario fue aceptar la desclasificación de todos aquellos que pudiesen contribuir a la tutela judicial efectiva sin afectar a la seguridad del Estado o poner en peligro la integridad de personas concretas. También se convino en que algunos documentos que en su día pudieron afectar a la seguridad nacional habrían dejado de representar un peligro debido a los años transcurridos.

En una segunda fase del debate se pasó a votar documento a documento sin que, según dichas fuentes, se registraran "mayorías permanentes y unánimes". Es decir, no todos los partidarios de la desclasificación coincidieron al votar la entrega de los 13 documentos. Y, al contrario, entre los no partidarios de la desclasificación, hubo algunos que aceptaron entregar algún informe.

Entre los documentos que serán desclasificados a petición de Garzón hay tres que se orientan a demostrar que los sargentos de la Guardia Civil Felipe Bayo y Pedro Gómez Nieto, -implicados además en el caso Lasa y Zabala-, fueron agentes del Cesid y prestaron servicios en la comandancia de San Sebastián.

También se ordena la desclasificación de la nota de despacho de 6 de julio de 19 8 3 denominada acta fundacional de los GAL, documento aportado al juez Baltasar Garzón por el ex dirigente socialista Ricardo García Damborenea -hoy en la órbita del PP-, en la que se analizan supuestas directrices de las acciones armadas contra ETA entre las que se considera más aconsejable "la desaparición por secuestro".Otros documentos se refieren a la lista de armamento sin legalizar existente en la AOME (Agrupación Operativa de Misiones Especiales), una referencia a Mikel Lujúa -luego confundido con Segundo Marey-, como posible objetivo de los GAL, acciones tendentes a neutralizar a un grupo de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una hoja de despacho sobre la creación de un nuevo grupo operativo en la Guardia Civil en la que se añade la nota ,"Pendiente, no hacer nada sin mi autorización definitiva", y otra nota de trámite interno en la que se recomienda una "acción física sobre un objetivo a determinar".

También se desclasifica el único documento interesado por el juez Justo Rodríguez, en el que se señala que la etarra Lucía Urigoitia habría muerto de un tiro en la nuca y se habrían manipulado las pruebas para simular que fue en un enfrentamiento.

Las fuentes informantes indicaron que algunos de los magistrados contrarios a desclasificar los documentos emitirán votos particulares discrepantes, aunque otros firmarán un voto particular concurrente en el que se mostrarán favorables a la desclasificación, aunque disconformes con los fundamentos jurídicos aprobados por la mayoría.