Otro constructor denuncia el pago de comisiones ilegales al PP de Zamora

El constructor Eduardo Corrales Cavarrot se ratificó ayer ante el juez de paz de la localidad zamorana de Corrales del Vino en las declaraciones que hizo ante el fiscal acusando a los responsables de la Diputación de Zamora entre 1987 y 1991, del Partido Popular, de cobrar comisiones por la concesión de obras. Corrales obtuvo ayer el inesperado apoyo de otro constructor zamorano, Mariano Santarén Álvarez, propietario de la empresa Sondeos Santarén, quien ratificó el pago de comisiones ilegales por la concesión de obras de la Diputación. "Era un desmadre", declaró Santarén a La Vanguardia. "Pedían comisiones a todo el mundo en plan descarado. Muchos cedieron y pagaron. Sé de uno que tuvo que llevar un maletín con tres millones. Otros nos negamos y éramos olvidados en las adjudicaciones, que se repartían a dedo entre los que pagaban", agregó.Corrales se negó a retractarse en el acto de conciliación previo a la presentación de una denuncia. por injurias y calumnias por parte del PP. Según anunció el vicesecretario regional del partido, Francisco Aguilar, la denuncia contra el constructor se formalizará el lunes. El empresario acudió al juzgado de paz acompañado por su esposa, Julia, poco antes de las 13 horas, y salió unos 40 minutos después, sin querer hacer declaraciones. El matrimonio no esperó al acto de conciliación fijado inmediatamente después ante la demanda del parlamentario regional del PP y ex presidente de la Diputación Luis Cid. También ha anunciado que se querellará contra Corrales el contructor César Martínez Omaña, a quien Corrales ha señalado como uno de los protagonistas de la trama de corrupción.

Francisco Aguilar, que actuó como representante del PP junto al abogado del partido en Zamora, Ramón Hernández, se limitó a comentar que no hubo acuerdo porque "el señor Corrales se ha ratificado en lo que ha manifestado ante el ministerio fiscal".

Diligencias del fiscal

El fiscal jefe de Zamora, José María Caballero, abrió diligencias tras la denuncia presentada por el actual presidente de la Diputación, Antolín Martín, suspendido de militancia por el PP, quien denunció el cobro de comisiones ilegales bajo el mandato de Cid, entre 1987 y 1991.Corrales declaró ante el fiscal que él mismo se vio obligado a pagar 12.500.000 pesetas al ex vicepresidente de la Diputación, Casto Lorenzo, por la concesión de obras públicas. También dijo haber tenido noticia de una reunión celebrada en la primavera de 1987 en el hotel Meliá de Valladolid durante la cual tres constructores habrían pagado tres millones de pesetas a José María Aznar para las elecciones a la Junta de Castilla y León.

Por otra parte, el concejal centrista del ayuntamiento de Zamora Luis Rodríguez San León declaró ayer ante el fiscal, al que entregó una carpeta con abundantes documentos sobre supuestos casos de corrupción.

También prestó declaración el ex responsable de Obras Públicas de la. Diputación Enrique Villar, quien aseguró que no tuvo conocimiento de irregularidades durante el periodo en que ocupó el cargo,, de septiembre de 1987 a febrero (le 1988. Por el contrario, no compareció en la fiscalía el constructor Maxi San Gregorio, ausente de la ciudad.El vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra, dijo en Murcia que hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, "que parecen graves, muy graves". No obstante, a la vista de lo que mantuvo en la oposición, agregó Guerra, José María Aznar "debería actuar en consecuencia con su propia doctrina y exigirse a sí mismo la responsabilidad política correspondiente".