¿Por qué se está cerrando la puerta a los refugiados?

En los últimos años, la atención de la opinión pública internacional se ha dirigido a la región africana de los Grandes Lagos, donde la violencia que se venía, gestando desde hacía tiempo estalló en una guerra abierta en la que se cometieron genocidio y violaciones masivas de los derechos humanos. A través de las ciudas imágenes de personas traumatizadas y torturadas, las televisiones mostraron al mundo la terrible realidad de los refugiados. Pero el objetivo de una cámara no puede en modo alguno reflejar la magnitud de una pesadilla incomprensible que afecta actualmente a millones de hombres, mujeres y niños.El éxodo masivo de refugiados presenciado en los Grandes Lagos no es un fenómeno nuevo. Por el contrario, se ha produicido repetidas veces en diferentes zonas del mundo desde la dézada de los sesenta. En especial, durante la década pasada, el incremento del número de conflictos regionales -causantes de persecuciones, discriminación, violaciones masivas dé los derehos humanos, como limpieza étnica y genocidio, y pérdida de la protección estatal- se convirtió en la principal causa de las fugas masivas.

En los últimos veinte años, el número de refugiados se ha multiplicado vertiginosamente. En 1997, el número de refugiados supera los 15 millones y hay más de 20 millones de personas desplazadas en su propio país.

La respuesta de los Gobiernos al incremento del número de refugiados es desalentadora y se caracteriza por un compromiso cada vez más débil con el principio de asilo y por la falta de verdadera voluntad política para resolver la difícil situación de las personas que se han visto obligadas a huir.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 se aprobó para ocuparse del problema de los refugiados, en su mayoría europeos, en la época de expansión económica que siguió a la II Guerra Mundial. Casi medio siglo después, los Gobiernos de todo el mundo están intentando rehuir sus responsabilidades. Están erigiendo altos muros alrededor de sus fronteras, individualmente y en colaboración con otros. Europa, Norteamérica y Japón se están convirtiendo en fortalezas.

Resulta irónico que Estados cuyas poblaciones se beneficiaron enormemente de la Convención sobre los Refugiados de 1951 le niegan ahora la protección a las víctimas de las persecuciones de hoy en día. Las dificultades sociales que atraviesan muchos países europeos y norteamericanos no bastan por sí solas para justificar una política tan insensible. La magnitud y la naturaleza del movimiento de personas que huyan a su territorio se presenta cada vez más como una amenaza para la seguridad nacional, la identidad cultural y la cohesión social. Sin embargo, el espejismo de la invasión no se justifica en los hechos. Sólo una proporción relativamente pequefla de refugiados -aproximadamente el 10%- solicita asilo en Europa y Norteamérica.

Por otra parte, el derrumbamiento de muchos Estados multiétnicos y multirreligiosos producido en las dos últimas décadas ha fomentado actitudes etnocéntricas y discursos demagógicos sobre la imposibilidad de que grupos diferentes puedan vivir juntos en el mismo país. Este temor aparente a la integración de personas procedentes de diferentes entornos culturales y religiosos resulta sorprendente en países que se han formado por oleadas sucesivas de inmigrantes.

Los Gobiernos occidentales en particular han intentado rehuir sus responsabilidades al afirmar que los testimonios sobre persecuciones carecen de fundamento, que los solicitantes de asilo sólo buscan un mayor nivel de vida y que simplemente no pueden hacer frente a la afluencia de refugiados. En este contexto, sirva de ejemplo la propuesta del Gobierno español de incluir en el Tratado de la Unión Europea una disposición que impida a los ciudadanos de los Estados miembros solicitar asilo en los demás países de la Unión. Aunque esta iniciativa se presenta dentro del ámbito de la lucha antiterrorista, podría privar a algunas personas de su derecho a solicitar asilo, vulnerando de esta manera tanto la Convención sobre los Refugiados de 1951 como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Los Estados imponen requisitos de visado que para los refugiados son imposibles de cumplir en la práctica y multan a las compañías de transporte si permiten embarcarse a personas que carecen de los documentos necesarios. Por ejemplo, la mayoría de los Estados europeos impusieron visados a los ciudadanos bosnios en un momento en que las violaciones de derechos humanos cometidas en ese país eran objeto de una amplia condena internacional. Una intrincada red de acuerdos entre los Estados europeos está logrando que un número cada vez mayor de refugiados se dirijan a los países de Europa del Este, muchos de los cuales carecen de sistema oficial de protección y cuentan con procedimientos de asilo poco claros.

Los refugiados que consiguen acceder a países donde solicitan asilo afrontan procedimientos que varían enormemente de un Estado a otro y que muchas veces no cumplen las normas internacionales. En algunos países, los casos de asilo los decide un solo funcionario de inmigración, sin contar con ningún tipo de asesoramiento en cuestiones de derechos humanos o legales. En ocasiones, los procedimientos se llevan a cabo en un idioma que el solicitante de asilo no entiende. Muchas veces no se creen las afirmaciones que realiza el solicitante de asilo de ser objeto de persecución. Decisiones trascendentales para la vida de las personas se toman en un par de horas.

Hoy en día los mares se patrullan y se impide atracar a los barcos. Es bien conocido que Estados Unidos interceptó barcos repletos de haitianos que huían de la anterior dictadura militar y los devolvieron directamente a los peligros de los que habían intentado huir. La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó esta postura. Una de las ironías más crueles es que muchas veces se encarcela a solicitantes de asilo que huyen de la persecución, la detención y la tortura con el fin de disuadir a otros de hacer lo mismo.

Desde la década de los ochenta, los Estados de Europa occidental y de Norteamérica han restringido crecientemente los criterios establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Refugiados: la tortura y los malos tratos infligidos por agentes individuales se consideran actos individuales en lugar de persecución estatal; el temor a sufrir persecución en el futuro se considera improcedente como justificación; la persecución política se considera como castigo por un acto delictivo; las penas a los desertores se consideran legítimas, y las violaciones de derechos humanos cometidas en las guerras civiles no son tratadas como casos de persecución.

Como resultado de esta actitud elusiva, a los refugiados, por lo general, sólo les cabe solicitar protección en algunos de los países más pobres y peligrosos del mundo. Simultáneamente, la mayoría de los Estados están reduciendo las partidas de ayuda humanitaria a países extranjeros que contribuyen a aliviar la difícil situación de los refugiados y que ayudan a los Estados más pobres donde se encuentran la mayoría de los refugiados.

Esta tendencia está llevando a que Estados que tradicionalmente habían acogido a un gran número de refugiados adopten la misma política represiva. En abril de 1996, miles de refugiados huyeron de la reanudación de las matanzas en Liberia. Se marcharon en buques de carga abarrotados y con vías de agua, sin apenas agua ni alimentos, pero los países de África occidental no les permitieron desembarcar. Los Estados africanos afirman que ya no pueden permitirse el lujo de hacerlo.

La comunidad internacional, y de forma notable el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), fomentó y expresó su satisfacción por el retorno de cientos de miles de refugiados a Ruanda y de unos 60.000 a Burundi, en un acto que no constituyó una repatriación voluntaria y que careció de garantías para la seguridad de los refugiados.

Muchos Gobiernos occidentales han aconsejado a sus ciudadanos que no vayan a Argelia, donde consideran que la situación es demasiado peligrosa y no puede garantizarse su protección. Al mismo tiempo, estos mismos Gobiernos se niegan a aceptar que los solicitantes de asilo argelinos que han huido de su país correrían peligro en caso de que volvieran. A la mayoría les han negado el asilo con e¡ pretexto de que sus temores son injustificados o de que el Estado argelino puede ofrecerles protección.

Si la comunidad internacional dedicara recursos y voluntad política a impedir los abusos contra los derechos humanos, al menos se podrían evitar algunas crisis de refugiados. En estos momentos, la principal responsabilidad de la comunidad internacional es procurar soluciones a largo plazo para el problema actual de los refugiados e informar a la opinión pública de que éstos no pueden volver a sus hogares hasta que no se haya resuelto la situación que provocó su huida. La comunidad internacional también tiene la obligación de compartir los costes de la protección a los refugiados y la responsabilidad de conceder asilo, independientemente del lugar al que hayan huido estas personas. ¿Por qué motivo debe esperarse que los países a los que huyen primero los refugiados acojan a todos, mientras otros países sólo dan cabida a relativamente pocos? únicamente un organismo judicial internacional -en lugar del ACNUR, cuya inestabilidad económica impide que pueda mantener una independencia política a largo plazo- puede vigilar y garantizar que los Estados cumplen por fin sus compromisos internacionales.