Castro decide iniciar una guerra contra el experimento de los restaurantes privados

Los restaurantes privados cubanos están viviendo sus días más negros desde que fueron legalizados en el verano de 1995. En menos de un mes, decenas de paladares han sido clausuradas o han cerrado sus puertas debido al recrudecimiento del acoso oficial, que se ha puesto de manifiesto en el incremento de las inspecciones y el endurecimiento de las multas y sanciones, que han llegado hasta la confiscación de refrigeradores y equipos electrodomésticos y a la retirada temporal o definitiva de la licencia de trabajo.

Según los propietarios se trata de la mayor ofensiva contra este tipo de pequeñas empresas familiares y su propósito es "estrangular" aún más la iniciativa privada. "La última cena" era hasta ahora sólo un eufemismo empleado por los dueños y clientes de las paladares para referirse a la prohibición de tener más de 12 sillas en estos negocios. Hoy, su sentido empieza a ser literal."El Gobierno decía que, al limitar el número de comensales a 12 apóstoles, quería controlar nuestras ganancias e impedir que nos hiciésemos ricos", afirma Joaquín, el dueño de uno de los restaurantes recién clausurados. "Ahora queda claro que su objetivo real era que cerrásemos por asfíxia".

La paladar de Joaquín está en Él Vedado, el barrio más céntrico del municipio Plaza. Este municipio es uno de los 15 de La Habana y es el que posee más restaurantes privados de todo el país: 106 en un área de 11,8 kilómetros cuadrados, habitada por 170.000 personas. En marzo del año pasado, el número de paladares en Plaza era de 192. En aquel momento, en toda Cuba había cerca de 2.000, de los que hoy quedan abiertos unos 1300.

Las causas del languidecer de los restaurantes privados en este tiempo han sido varias. En primer lugar, los impuestos, que cada vez se han elevado más.

Hoy, el dueño de una paladar habanera que ofrezca servicio en dólares debe pagar al mes 375 dólares (cerca de 50.000 pesetas) y 1.000 pesos cubanos, más 75 dólares y 200 pesos por cada "ayuda familiar" -como no está aceptado el trabajo asalariado hay que llamarlo de alguna forma-. Si se tiene en cuenta que el salario mensual de un médico es de 400 pesos y que el cambio de pesos a dólares es de 20 por uno, es fácil darse cuenta de por qué algunas paladares cerraron.

A los elevados tributos hay que sumar las prohibiciones de todo tipo, desde vender carne de vaca o marisco hasta contratar un cocinero o vender pescado comprado a los pescadores particulares, pues, por, ley, hay que adquirirlo en las carísimas diplotiendas.

A pesar de todas estas dificultades, algunos dueños de paladares, como Joaquín, lograron aguantar y, después de transformarse en verdaderos sherpas de la gastronomía socialista, florecieron en medio del acoso y la escasez, escalando una montaña de trabas, multas y prohibiciones.

A comienzos de año, sin embargo, de nuevo las autoridades arremetieron contra las paladares. El Ministerio de la Pesca creó un nuevo cuerpo de inspectores para perseguir la venta ilegal de marisco y estableció duras sanciones, desde el decomiso de electrodomésticos hasta el cierre definitivo del negocio.

"Una tarde se presentaron los inspectores y me cogieron con dos o tres clientes de más. Me pusieron 1.500 pesos de multa y me obligaron a cerrar temporalmente, a pesar de que jamás me habían multado antes", recuerda Joaquín. Añade que ha perdido más de 200 dólares en productos que ya tenía preparados y dice que su caso no es el peor. El Farallón, una pizzería situada cerca de la Calle 23, fue clausurado por el poder local durante un mes por exceso de capacidad.