Gabriel Cañellas se sentará en el banquillo acusado de corrupción en el "caso Soller"

El ex presidente de Baleares Gabriel Cañellas, el hombre fuerte del PP en las islas, que gobernó de manera ininterrumpida desde 1983 hasta su dimisión forzada en julio de 1995, se sentará fínalmente en el banquillo y será juzgado por presunta corrupción. El juez del caso Sóller decretó ayer la apertura de juicio oral contra Cañellas por un delito continuado de prevaricación y otro de cohecho a raíz del cobro de comisiones ilegales en la adjudicación del túnel de peaje de Sóller, en 1988. El fiscal pide para él un año de cárcel, 18 de inhabilitación, 100 millones de multa y la devolución de 50 millones. Ayer dimitió como jefe del grupo parlamentario regional del PP. El presidente autonómico, Jaume Matas, le sustituirá temporalmente. Dos políticos que fueron de la máxima confianza política de Cañellas, en el PP y el Ejecutivo balear, también serán enjuiciados.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha decidido la apertura de juicio oral también para el constructor Antoni Cuart (para el que el fiscal pide un año de cárcel y 100 millones de multa) y para el ex consejero de Obras Públicas Jerónimo Sáiz (9 años de inhabilitación y 100 millones de multa). Se ha admitido igualmente la acusación particular de IU para que se enjuicie al ex secretario general del PP en Baleares y hasta ahora, consejero de Interior y Función Pública, José Antonio Berastain, que ayer mismo renunció a su cargo. Cuart y Cañellas han de depositar una fianza individual de responsabilidad civil de 134 millones en el plazo de cinco días.El PP afronta el escándalo de mayor magnitud que, fruto de la actuación de sus militantes en las administraciones, ha llegado a los tribunales. El partido conservador destinó presuntamente a mayor parte de los 50 millones de comisión ilegal a financiar sus campañas electorales en 1989.

Hace 20 meses, José María Aznar obligó ya a dimitir a Cañellas como presidente de la comunidad y del partido. Berastain y Sáiz, dos de los principales colaboradores de este barón en el PP y el Gobierno balear, le acompañarán en el banquillo; el primero acusado de encubrir el cohecho y el segundo por prevaricación. Cuart, supuesto pagador de las comisiones, es considerado autor de ambos delitos.

El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, Juan López Gayá, considera que "los hechos investigados revisten caracteres de delito y que existen indicios racionales de criminalidad" con respecto a Cañellas, Berastain, Sáiz y Cuart -para los que decreta libertad provisional- mientras que descarta juzgar a otro consejero del PP, Tomeu Reus, que fue incluido en el escrito de acusación que formuló IU.

La Fiscalía Anticorrupción aseguró en la calificación penal de esta causa, semanas atrás, que el PP insular montó un operativo y una trama para financiarse de manera subterránea con los 50 millones de pesetas que Cuart pagó a Cañellas, previo pacto tras lograr la concesión del túnel. Sáiz y el ex presidente son imputados por ocasionar "un grave perjuicio para los intereses generales" con el "trato de favor" en una "situación injusta". La oferta de Cuart, socio de Cañellas, fue una de las peor valoradas en el concurso público.

El fiscal no incluyó en su día en su acusación al consejero Berastain, considerado el operador y cajero de la supuesta financiación irregular con dinero negro desde la secretaría general del PP, pese a considerar que se obró para "ocultar el origen y la procedencia ilegal de los medios de pago". Berastain cesó en la secretaría general del PP cuando estalló en julio de 1995 este escándalo, pero fue ratificado por dos veces como consejero.

Jaume Matas consideró ayer la renuncia de su consejero Berastain como "caso único en toda España" sin que medie "sentencia en contra".