El Gobierno recurrirá para que Euskadi no se salte la congelación salarial

Otro nuevo frente se abre en la confrontación que viven el Gobierno central y el vasco. El Gabinete de José María Aznar tiene previsto decidir en el próximo Consejo de Ministros la presentación de un recurso ante los tribunales contra la decisión del Ejecutivo vasco de saltarse la congelación salarial de sus funcionarios. Ya está tomada la decisión, según el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy. Junto a esta iniciativa inédita, se estudiará la posibilidad de extender los recursos, por el mismo motivo, contra los Gobiernos de otras cuatro de las 17 comunidades autónomas. Ya se ha actuado contra numerosos ayuntamientos.

La cuestión amenaza con encopar todavía más las ya muy conflictivas relaciones entre el Gobierno del PP y el Ejecutivo vasco, en el que el PNV es la fuerza predominante. Este: nuevo foco de tensión viene a unirse a las denuncias de los peneuvistas de falta de desarrollo del Estatuto de Gernika. El lehendakari José Antonio Ardanza, que reivindica aún 41 transferencias, marcó su disgusto sobre este tema con su ausencia en el reciente debate autonómico en el Senado.El choque se extiende también a la actitud ante ETA: el PNV apuesta por el diálogo y Aznar lo rechaza mientras la banda terrorista no deje de matar. Sobre el acercamiento de presos a Euskadi, los nacionalistas vascos, en contra de la actitud del Gobierno central, apoyaron un plan que luego se presentó en la cárcel al etarra Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi.

Un informe intergubernamental apunta a vulneraciones de la norma de congelación salarial decidida por el Gobierno central, con el camuflaje de la partida de "fondos sociales", en los ejecutivos asturiano, castellano leonés, aragonés y canario, además del vasco. Los tres primeros están gobernados por el PP y el cuarto por Coalición Canaria, apoyada por los populares. El Gobierno estudia presentar recursos.

La base está en el anuncio el pasado julio de congelación salarial de toda la función pública, incluidas la autonómica y la municipal. Rajoy la justificó por la necesidad de unos presupuestos austeros para luchar contra el déficit público y facilitar el cumplimiento de los requisitos de convergencia exigidos por el Tratado de Maastricht para acceder a la primera fase del euro.

Primer aviso

El primer aviso lo dio Rajoy el 2 de octubre en el Senado. En aquellas fechas, dos ayuntamientos -el de Getafé (Madrid), gobernado por el PSOE, y el de Sabadell (Barcelona), gobernado por Iniciativa per Catalunya-Els Verdes- decidieron subir los sueldos de sus funcionarios. En el primer caso, en un 5%, y en el segundo, según el IPC.Rajoy ha argumentado, paralelamente, que el Gobierno ha bajado en un 10% su capítulo de gastos corrientes y sólo ha aumentado las partidas de pensiones, sanidad y transferencias a entes públicos.

Otros ayuntamientos se sumaron a la vulneración de la norma gubernamental e incluso, en noviembre, fue la Federación de Municipios de Cataluña, de mayoría socialista, la que se manifestó contra la congelación salarial recogida en los Presupuestos Generales del Estado. El argumento de la federación es que la norma del Gobierno incumple los acuerdos entre las distintas administraciones de aumentos salariales entre 1995 y 1997.

La Administración central no tiene un inventario de cuantos de los más de 8.000 municipios han vulnerado la norma. La razón es que numerosos ayuntamientos no aprueban sus presupuestos hasta bien avanzado el año.

La ampliación de los recursos complica la situación del Gobierno, y aún más si se tiene en cuenta que los presuntos vulneradores de las normas de congelación son gobiernos del propio Partido Popular o de sus socios nacionalistas vasco y canario.