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La justicia admite la demanda del Estado de Misisipí contra la industria tabaquera

Se abre la vía en EEUU a las reclamaciones por gastos sanitarios de los fumadores

El Tribunal Supremo de Misisipí ha dado un serio golpe a las aspiraciones de la industria norteamericana del tabaco de evitar la avalancha de demandas interpuestas por los Estados para recuperar parte de los gastos de salud pública de las enfermedades de los fumadores. Según el Supremo, la demanda presentada en 1994 por el responsable de Justicia de Misisipí, Mike Moore, puede seguir su curso, en contra de lo que reclamaban tanto el gobernador del Estado como la industria tabaquera. El fallo respalda a los 21 Estados que están en una situación semejante.

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El fallo del Tribunal Supremo de Misisipí sirve también de estímulo a los que aún no han tomado la decisión, además de suponer un serio revés para las empresas del tabaco, como se reflejó en la cotización de sus acciones en Wall Street, que cayó estrepitosamente.El proceso planteado por Moore comenzará, como estaba previsto, el 2 de junio. El Tribunal Supremo debía decidir sobre dos recursos que trataban de bloquear el proceso, uno del gobernador del Estado y otro de los grupos del tabaco. En el primero de los recursos, el Supremo se enfrentaba a la paradoja de decidir sobre la reclamación del republicano Kirk Fordice, que no está de acuerdo con la demanda planteada por el responsable de Jusiticia, del Partido Demócrata. Fordice argumentaba que la demanda se planteó a sus espaldas y que sólo él tiene autoridad para plantear una solicitud de reparación de fondos al programa de salud pública Medicaid. La industria se sumaba a este razonamiento.

Rebajar la victoria

Pero el Supremo, teniendo en cuenta las leyes del, Estado, que dan autoridad a los responsables de Justicia para entablar demandas con independencia de lo que opinen gobernadores, parlamentarios locales y otros organismos, entiende que no debe interferir en el actual curso del proceso y que no es necesaria su acción antes de que haya un juicio normal, con sus correspondientes recursos si se consideran pertinentes: "Las peticiones no justifican, sencillamente, que este Tribunal intervenga en este momento".

Si el Supremo le hubiera dado la razón al gobernador, la demanda hubiera visto radicalmente limitado su ámbito. El enfrentamiento entre el gebernador y el responsable de Justicia es constante. Según Mike Moore, Fordice se enfadó tanto con su decisión que le dijo que la demanda "le daba ganas de vomitar".

La industria, que había respaldado al gobernador, ha procurado desestimar la importancia de la victoria jurídica y psicológica, señalando que, como es obvio, el fallo del Supremo no prejuzga el desenlace del proceso que comenzará en junio.

En su comentario, el grupo Reynolds, uno de los acusados, señala que "la decisión del Tribunal Supremo de Misisipí de no abordar el mérito jurídico de estos asuntos hasta que no se celebre el juicio no supone más que una preferencia de procedimiento en favor del tribunal correspondiente. En última instancia, Misisipí no puede ganar esta demanda".

La gane o no, el fallo ha sido muy importante para los Estados que tienen leyes similares a las de Misisipí y en los que el responsable de Justicia tiene autonomía para interponer demandas en nombre del interés público. Todo ello no hace sino abrir nuevas y más peligrosas trincheras en la guerra contra la antaño todopoderosa industria del tabaco, que tiene a muy corto plazo una seria amenaza que procede de sus propias filas: el inminente acuerdo entre el grupo Liggett y varios Estados para indemnizarles por los gastos causados por el consumo del tabaco.

Cáncer y enfisema

Misisipí fue el primer Estado que acudió a los tribunales, en mayo de 1994, para reclamar a la industria 940 millones de dólares (140.000 millones de pesetas) en concepto de daños y perjuicios ocasionados a la salud pública por los cuidados médicos de enfermos de cáncer de pulmón, enfisema y complicaciones cardiacas.

En los dos años y medio posteriores, 21 Estados más siguieron el mismo camino con el mismo argumento: fumar enferma y mata a millones de personas, los fabricantes deben pagar parte de esta factura. El Estado de Nueva York, que planteó su reclamación en enero, la justificó señalando que en 1996 los seguros privados y el presupuesto público de Medicaid gastaron 2.600 millones de dólares (377.000 millones de pesetas) en tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaco.

Clinton ha dado vía libre a más duras medidas contra la venta de tabaco a menores. Se podrá pedir el carné a los menores de 27 años.

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