El Ayuntamiento accede a liberalizar el sector funerario con una ordenanza poco restrictiva

El monopolio funerario del Ayuntamiento está a punto de morir. El concejal de Sanidad, Simón Viñals, señaló ayer que el equipo de gobierno presentará en el pleno del próximo día 21 "las ordenanzas más liberalizadoras de España". La nueva normativa permitirá que las empresas funerarias privadas se establezcan libremente. Ahora, sólo la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, de la que el Ayuntamiento posee el 51%, puede operar en la capital. El Ayuntamiento accede así a las propuestas poco restrictivas y liberalizadoras del Gobierno central y la Comunidad de Madrid.

La futura ordenanza municipal reducirá, según el concejal de Sanidad, notablemente los requisitos exigidos por el Ayuntamiento para abrir nuevas empresas de pompas fúnebres en Madrid. Para establecerse en la capital, con la nueva ordenanza sólo harán falta 10 vehículos funerarios y "los féretros necesarios para cubrir el servicio". No se exigirá tampoco a las empresas privadas que cuenten con un tanatorio.Estos requisitos son mucho más flexibles que los incluidos en el primer proyecto municipal de finales del año pasado. En aquellas ordenanzas, nunca aprobadas, se imponían unas condiciones leoninas a los empresarios que quisieran establecerse en la capital. Entre otras condiciones, se les obligaba a tener una reserva disponible de 4.000 féretros, 30 vehículos fúnebres y 20 salas de velatorio.

Sin embargo, las ordenanzas fueron pronto aparcadas por el Ayuntamiento, ya que se oponían al espíritu del decreto liberalizador del Gobierno central anunciado en el BOE el pasado 6 de junio. "Retirar el proyecto fue una medida de prudencia", señaló Simón Viñals.

Cambio de postura

De esta manera, el Ayuntamiento evitó que su ordenanza quedase invalidada, en el caso de que el Gobierno de José María Aznar hiciera entrar en vigor su decreto liberalizador. En el texto del Ministerio de Economía se permitía abrir un nuevo negocio funerario con las siguientes condiciones: "Dos personas idóneas y adecuadamente vestidas para el traslado del féretro, un vehículo que tenga la pertinente autorización sanitaria y de transporte privado, y un féretro en las condiciones higiénico-sanitarias reglamentariamente establecidas".El cambio radical en la postura del Ayuntamiento se ha producido, según reconoce Viñals, tras una reunión con los responsables de la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía, el organismo público que propuso la liberalización del sector. En la reunión, dice el edil. de Sanidad, "hubo entendimiento". "Entre eso y las alegaciones presentadas a las primeras ordenanzas [la mitad interpuestas por los empresarios, privados, que se opusieron frontalmente a las exigencias], hemos decidido abrir el sector. Serán las ordenanzas más liberalizadoras de España", añade Viñals.

El concejal no explicó ayer cómo la Empresa Mixta de Servicios Funerarios hará frente a la competencia de las privadas que puedan asentarse en Madrid. Hasta ahora, la funeraria municipal ha impuesto sus precios gracias al régimen de monopolio existente. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), sus tarifas son las más caras de todo el país.

1.000 millones de beneficio

El año pasado, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios ganó más de 1.000 millones de pesetas. Pero estos beneficios fueron un 32,5% inferiores a los de 1995, ejercicio que cerró con un superávit de 1.481 millones. Las pequeñas funerarias privadas, situadas en los pueblos de los alrededores de Madrid, consiguieron llevarse casi el 20% de los fallecidos.Por otra parte, el consejero de Presidencia, Jesús Pedroche, comentó ayer que el diálogo entre la Comunidad y el Ayuntamiento en este tema es "muy fluido". La Comunidad prepara un reglamento que deja en sus manos todas las competencias sanitarias y abre las puertas a nuevas empresas de pompas fúnebres (véase EL PAÍS de ayer). El Ayuntamiento ya ha pedido que el artículo 43 -con el que la Comunidad pretende asumir las competencias sanitarias- sea modificado.. Sin embargo, según explicó ayer Pedroche, entre ambas administraciones no existe ninguna discrepancia, porque la Comunidad se quedaría con las competencias sanitarias y el Ayuntamiento con las económicas y comerciales.