¡Viva la especulación! ¡Muera el urbanismo!

La derecha se presenta siempre coherente con sus decisiones inmediatas, seguramente porque no cree en el futuro ni tiene un futuro consistente. El PP en estos meses de poder ya ha demostrado esta coherencia, por lo menos en el campo del urbanismo: ha decretado que los terrenos urbanizables no programados pasen a ser simplemente urbanizables y anuncia una ley que suprimirá los terrenos no urbanizables -excepto en los escasos parajes especialmente protegidos- y que anulará o reducirá las hasta ahora obligadas cesiones al municipio. Si esto se confirma, estamos en vísperas de un desastre económico, social y ecológico.Según la legislación vigente, en España hay tres categorías de suelo: el urbano, el urbanizable (subdividido en programado y no programado) y el no urbanizable. El mantenimiento de estas categorías es la base para un control del crecimiento de las ciudades y su recalificación. Con las decisiones que está tomando el PP, toda España pasará a ser urbana o urbanizable, es decir, absolutamente incontrolada, ajena a los intereses de la colectividad. El fin del urbanismo.

Una de las razones con la que se intenta justificar estas decisiones es la ley del mercado: cuanto más terreno se ofrezca, más barato será, y, por lo tanto, se reducirá el coste de las viviendas. Error que parece ingenuo, pero que es malintencionado. La oferta competitiva de suelos del extrarradio urbano no hace disminuir nunca los precios del suelo central. Lo único que se consigue es complementar la oferta con unos terrenos nuevos que de momento son más baratos, pero cuya situación comporta diversos costes a medio y largo plazo: urbanización, accesos, servicios, equipamientos, transporte, mantenimiento. Si estos costes van a cargo del promotor o del usuario, la diferencia de precios se reducirá radicalmente.

Si van a cargo de los ayuntamientos, se producirá el colapso económico de toda la administración local, cuyos medios financieros en España son tan escasos y tan alejados del 25% del presupuesto estatal de que disfruta en la mayoría de países europeos. Si no lo paga nadie, crearemos unas periferias invivibles, con una inmensa carga antisocial. Lo cierto es que hay suficientes experiencias para asegurar que la mayor oferta de suelo urbanizable no ha comportado nunca una reducción de precios generalizada, al revés de lo que suele ocurrir en otros mercados. Lo que ha comportado, siempre, es una facilidad para provocar inflaciones especulativas al margen de la racionalidad de las organizaciones urbanas. Es decir, enriquecer a unos oportunistas y hacer vivir peor a la mayoría.

Porque otra consecuencia inmediata de estas decisiones disparatadas es la descomposición de la ciudad. Después del terrible caos producido durante los años del franquismo, durante este periodo democrático se había logrado recomponer con racionalidad el carácter urbano de algunas ciudades. Para esta recomposición, la distinción entre terreno urbanizable y terreno no urbanizable ha sido una base operativa indispensable. Así se ha conseguido zurcir los espacios diseminados, concentrar las estructuras, rehabilitar los centros históricos y establecer una cierta continuidad de centralidades. Se ha hecho una gran labor, pero todavía queda mucho que hacer. Y sin estas premisas urbanísticas, las ciudades españolas volverán a repetir los episodios franquistas y los centros históricos volverán a caer en la degradación. Seguramente, para algunos políticos del PP no es ningún desastre volver a las imágenes urbanas del franquismo y abandonar los centros a la más triste marginación.

Desgraciadamente -como una música de fondo de las decisiones e indecisiones políticas-, algunos arquitectos y urbanistas han hecho últimamente diversos alegatos a favor del suburbio disperso y difuminado, en contra de la ciudad formalizada. No nos engañemos: sus teorías, vestidas de poesía y de estética inconformista, son el resultado de la aceptación acrítica de la tendencia liberal hacia el abandono del control urbano. Preconizan una estética de la libertad y de la espontaneida, pero, en realidad, apoyan el libertinaje del mercado y de la especulación, de acuerdo con el deseo de sus clientes y el visto bueno de los políticos de derechas.

Si estos propósitos se cumplen, las partes más activas y más pobladas de España se convertirán en escenarios caóticos, construidos sin orden y sin ningún respeto hacia el paisaje. Pero lo grave es que esta desordenada construcción no se hará solamente con viviendas unifamiliares y colectivas o con residencias turísticas. Uno de los principales ocupantes será la industria, que es mucho más destructiva y que presenta evidentes secuelas de contaminación. El control del medio ambiente pasa por diversas medidas, pero una de las indispensables es la adecuada localización territorial de la industria. La aceptación de una anarquía territorial comportará una nueva degradación del ambiente.

En resumen, si estas decisiones se concretan tal como anuncian los medios de comunicación, el Gobierno del PP habrá logrado arruinar a los municipios, destruir la calidad social de las ciudades y producir un nuevo desastre ecológico. En compensación, habrá enriquecido a unos cuantos terratenientes y a algunos promotores, aunque sea sólo a corto plazo, el suficiente para mantener sus votos.