La reforma del estatuto impulsada por el PP se topa con graves obstáculos

La reforma del estatuto de autonomía de Madrid, impulsada por el Gobierno de Alberto RUIZ-Gallardón para gestionar, entre otros, los servicios sanitarios y aeroportuarios, dependientes ahora de la Administración central, ha embarrancado. La, disposición adicional del texto sobre la cesión del 30% del IRPF a la Comunidad es "innegociable" según explicaron ayer fuentes socialistas. "Si el PP no retira ese apartado, el acuerdo será imposible" señalaron. Hoy se reúnen los principales representantes de los tres grupos parlamentarios para buscar un consenso que se anuncia complicado.

Para una modificación global del estatuto de autonomía de Madrid se requieren 68 votos, pero el PP sólo tiene 54. La izquierda regional (IU y PSOE) no está dispuesta a romper su unidad de acción en este asunto. Tanto PSOE como IU rechazan el modelo de financiación autonómica, aprobado por el Gobierno de José María Aznar, porque, según han denunciado reiteradamente en la Asamblea de Madrid, fomenta "la desigualdad y la insolidaridad".La controvertida disposición consagra precisamente e actual modelo de financiación (cesión del 30% del IRPF a las comunidades autónomas), aceptado por todas las regiones excepto las gobernadas por los socialistas.

El polémico párrafo del borrador elaborado por el equipo de Ruiz-Gallardón para reformar el estatuto dice así: "Se cede a la Comunidad de Madrid ( ... ) el rendimiento total o parcial de los siguientes tributos: a) impuesto sobre la renta de las personas físicas, con carácter parcial, con el límite máximo del 30% ( ... )".

El PSOE otorga crucial importancia esta disposición. "Si se reforma el estatuto de autonomía, incluyendo la aceptación del modelo de financiación, la Comunidad de Madrid quedará hipotecada para el futuro. Si el PP pierde las próximas elecciones, el Gobierno que salga de las urnas no podrá modificar este modelo de. financiación salvo que, previamente, modifique el estatuto. Y sólo se puede modificar el estatuto de autonomía con el consentimiento del Congreso de los Diputados".

Los socialistas, tras analizar durante un mes el texto elaborado por el Ejecutivo regional, no ha encontrado razones para apoyarlo. Al contrario, no entienden las razones que han llevado a Ruiz-Gallardón a incluir en su proyecto de reforma este apartado de la financiación autonómica". "Resulta innecesario salvo que la intención del PP sea introducir elementos de crispación en esta negociación que ahora se inicia", indicaron fuentes socialistas.

A Izquierda Unida, la propuesta de reforma del estatuto que ha presentado el PP le parece insuficiente. Así lo manifestó hace un mes el coordinador regional de la coalición, Angel Pérez. "Para ampliar el techo competencial de la Comunidad no es necesario renunciar a nada", señaló Pérez en referencia a la negativa de Ruiz-Gallardón a solicitar la policía autonómica para Madrid. "Y hay, que incluir otros aspectos como la presencia de las autonomías en el Consejo de Administración del Banco de España o en distintos organismos europeos", indicó el primer responsable de IU.Cesión de otro impuesto

Por otra parte, el consejero de Hacienda, Antonio Beteta, logró ayer la cesión del impuesto de actos jurídicos documentados, que abonan los ciudadanos en el momento de comprar un piso. Hasta ahora, ese impuesto era gestionado por la Administración central, que recaudaba por el mismo unos 18.000 millones de pesetas. A partir de ahora, la Comunidad se encargará del cobro, con lo que, según los expertos, crecerán notablemente los ingresos.

Además, el consejero de Hacienda, Antonio Beteta, anunció ayer su intención de inspeccionar un millón de expedientes correspondientes al pago de este impuesto durante los últimos cinco anos para intentar recuperar dinero supuestamente defraudado.

Según Beteta, el 20% de los ingresos de la Comunidad por cobro de tributos en 1996 llegó directamente de las actuaciones, inspectoras.