El Consejo Escolar del Estado rechaza que los centros seleccionen alumnos

Con graves trompicones, el real decreto de "libertad de elección de centro escolar" del Gobierno salió adelante ayer en la comisión permanente del Consejo Escolar del Estado, que dio su visto bueno global a la norma por 12 votos a 9. Sin embargo, a lo largo de diez horas de debate, representantes de los sindicatos, los padres y los estudiantes unieron sus votos y consiguieron rechazar, por 10 votos a 8, la propuesta del Gobierno de que los centros públicos y concertados puedan seleccionar alumnos concediendo en el baremo de admisión 1,5 puntos por cualquier "circunstancia libremente apreciada".

El dictamen del Consejo Escolar, presidido por Juan Piñeiro, no es vinculante para el Ejecutivo, pero constituye un auténtico contratiempo para el departa mentó que dirige Esperanza Aguirre, porque, puestos a re chazar, los consejeros pidieron al ministerio, por 11 votos a 6, que modifique el título de la norma: Real Decreto por el que se amplía la Libertad de Elección de Centro Educativo. Esta denominación, calificada de "pretenciosa y demagógica" por sus detractores, oculta para éstos la amplia capacidad de selección de alumnos que se concede a los centros.La oposición, encabezada por las federaciones de enseñanza de CC OO y UGT y por la confederación de asociaciones de padres de alumnos laica, CEAPA, pretendía que el sistema de admisión en colegios e institutos se mantuviera como hasta ahora: primando en el baremo de prioridades la proximidad del domicilio familiar al centro para "mantener el derecho de igualdad". En la votación contraria a los 1,5 puntos, a los votos de las anteriores organizaciones se sumaron los de los estudiantes, el sindicato ANPE y el vicepresidente del Consejo, Manuel de Puelles.

El real decreto, aplicable en las10 comunidades gestionadas por el ministerio sólo hasta enero de 1998, equipara domicilio familiar y laboral de los padres, amplía la zona de influencia de los centros, aumenta el peso de un hermano matriculado y otorga a la decisión del director, en los centros concertados, y del consejo escolar, en los públicos, 1,5 puntos complementarios.

Este último criterio supone, para los enmendantes, una fuente de discriminación entre alumnos y entre centros públicos y concertados. "Si la Administración consigue que prospere el decreto volverá la guerra enseñanza pública-privada", dijo Fernando Lézcano, de CC OO.

El real decreto será examinado próximamente por el Consejo de Estado, que emitirá un dictamen que tampoco es de obligado cumplimiento por el Gobierno.