El Gobierno dedica 375.000 millones de la venta de Telefónica a aminorar la deuda del Estado

El Gobierno dedicará 375.000 millones obtenidos en la oferta pública de venta (OPV) de Telefónica a aminorar deuda del Estado, que actualmente asciende a unos 38 billones de pesetas (sin contar entes territoriales y autónomos). Otros 180.000 millones, de los 607.079 millones netos ingresados por la venta del 21% del capital de la operadora, serán pagados este año y el próximo, a Hacienda en concepto de impuestos de sociedades al computarse como dividendos las plusvalías obtenidas. Otros 52.000 millones se destinarán a financiar infraestructuras.

Fernando Díez Moreno, subsecretario de Economía y Hacienda, presentó ayer en la Bolsa de Madrid, junto al director general de Patrimonio, Pablo Isla, y el presidente de Telefónica, Juan Villalonga, el balance definitivo de la privatización del 21% del capital de la operadora telefónica que aún restaba en manos del Estado. Díez Moreno confirmó que el saldo neto de la operación ascendió a 607.079 millones tras descontar los gastos de comisiones y publicidad (en torno a 22.000 millones), y que ayer mismo habían ingresado 375.000 millones en la cuenta del Tesoro para a minorar deuda, bien para amortizar títulos ya emitidos o para evitar nuevas emisiones.Los 375.000 millones destina dos a cubrir deuda representa en tomo al 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), que está previsto en 74 billones para este año. Asimismo, ronda el 1% del total de la deuda del Estado (38 billones) y el 0,75% contando otras administraciones públicas y entes autónomos (como el ICO, Renfe ... ). Esta deuda total, unos 50 billones, suponía el 69% del PIB a final de 1996 y no cumple el criterio de convergencia, que exige el 60%.

El Estado recibirá otros 180.000 millones por la vía fiscal que servirán para reducir déficit directamente. Esa cantidad proviene de las plusvalías obtenidas -diferencia entre valor contable y valor obtenido en la venta-, que se han contabilizado como dividendos de la Sociedad España de Participaciones Estatales (SEPPA), empresa en la que Patrimonio tenía las acciones de Telefónica. Por ello, tendrá que tributar como beneficios en el impuesto de sociedades (35%). El primer pago a cuenta se hará este trimestre por 130.000 millones, y el resto en el primer trimestre del año que viene para cumplimentar a Hacienda.

Los 52.000 millones de pesetas restantes irán a engrosar una partida de 150.000 millones de pesetas, entre los que se incluyen fondos procedentes de futuras privatizaciones, que se dedicarán a inversiones en infraestructuras, como autovías y obras hidráulicas.

Diez Moreno destacó que el contrato del Estado con Telefónica tiene de vigencia hasta el año 2022, y que próximamente se presentará al Congreso una regulación del llamado "servicio público universal", por la previa autorización administrativa para la toma de decisiones estratégicas (golden share) y por la virtualidad de la competencia.

La empresa ha incorporado 1,2 millones de pequeños inversores a su accionariado tras esta última privatización, según Pablo Isla, quien reseñó que no se han admitido órdenes por cuenta propia de los bancos colocadores.

El presidente de Telefónica informó que el núcleo estable de la compañía (Argentaria, BBV y La Caixa) ha mantenido su porcentaje del 15,24%, mientras que la SEPPA se queda con un 0,5% para el bono de fidelidad (entregará una acción gratis por cada 20 que se mantengan durante un año) y otro 0,11% con carácter permanente.