ACNUR y Amnistía Internacional rechazan la supresión del derecho de asilo en el interior de la Unión Europea

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha lanzado una campaña contra el proyecto de los Quince de eliminar el derecho de asilo político en el interior de la Unión Europea (UE) para los nacionales comunitarios. El ACNUR ha obtenido el respaldo de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Liga Internacional de los Derechos del Hombre y el Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados. Los Quince se reunirán el lunes en Bruselas para superar las reticencias planteadas ahora por algunos socios al acuerdo de principio alcanzado sobre la cuestión en la pasada cumbre de Dublín.Según estas organizaciones internacionales, la supresión del derecho de asilo comportaría más perjuicios que beneficios. Dejaría sin amparo posibles casos futuros de persecución política en la UE, con los riesgos que eso puede comportar en una Unión ampliada a la Europa del Este. Los beneficios, a su juicio, son casi nulos, ya que con las actuales normativas ya es imposible la concesión de asilo político a personas perseguidas por la comisión de delitos terroristas.

España es la principal promotora de la nueva normativa, no tanto para evitar el asilo de terroristas de ETA -de hecho, ningún español ha obtenido nunca asilo político en otro Estado de la UE desde la adhesión de España en 1986-, cuanto para evitar los efectos propagandísticos que puede tener la mera tramitación de la petición de asilo, aunque ésta siempre es finalmente denegada.

Tanto el ACNUR como el resto de organizaciones señalan que la supresión del asilo entre los Estados de la UE "introduciría una limitación geográfica a la aplicación de la definición del refugiado inscrito en el artículo 1 de la Convención de Ginebra de 1951 y constituiría una violación del Protocolo de Nueva York de 1967, así como el artículo 3 de la Convención de Ginebra, que obliga a los Estados contratantes a aplicar sus disposiciones sin discriminar en función del país de origen".

Las denuncias de estos organismos dan más sentido a las reticencias que aún quedan entre algunos socios de la UE a aceptar la propuesta española, apadrinada también con fuerza por Alemania, con discreción por el Reino Unido y, al menos hasta ahora, por Francia. Un hipotético cambio de actitud francesa no sería ajeno a la enorme polémica suscitada en ese país por el intento del ministro del Interior de socavar los derechos de los inmigrantes. La llamada ley Debré ha originado una revuelta encabezada por la clase intelectual, que ha obtenido un enorme éxito popular y ha hecho dar marcha atrás al Ejecutivo.

Entre los más reticentes está Grecia, desde siempre contraria a la supresión del asilo por temor a que una futura incorporación de algunos de sus vecinos -especialmente Turquía- acabe generándole problemas.

España rechaza todas estas críticas y sostiene que es incongruente que pueda haber perseguidos políticos en el interior de Estados democráticos, y recuerda que la nueva cláusula podrá ser suspendida en un país en el que se instaure una dictadura.