El PSOE se queja a Trillo por el informe de la Cámara que impide identificar a los beneficiados de la 'amnistía fiscal'

El PSOE quiere pasar de acusado a acusador. Su portavoz de Economía, el ex ministro Juan Manuel Eguiagaray, se plantea por qué desde hace un mes el Gobierno "no ha dado un palo al agua" para intentar que Hacienda cobre los 200.000 millones de pesetas que da por prescritos "por negligencia de los socialistas". "¿Está el Gobierno a favor de los presuntos defraudadores", se pregunta. Entre tanto, los pasos para constituir la comisión investigadora del caso se aceleran. El portavoz del PP, Luis de Grandes, descarta que un socialista la presida porque, dice, "ese grupo va a ser objeto de investigación al imputársele una determinada conducta". Los populares han ofrecido el puesto a Izquierda Unida.Lo que al PSOE más le preocupa es que pueda quedar la sombra de que benefició a "unos amigos", tal y como dijo el presidente del Gobierno, José María Aznar. Por eso ayer mismo el portavoz del grupo parlamentario, Joaquín Almunia, se dirigió por escrito al presidente del Congreso, Federico Trillo, para, manifestar su disconformidad con que la Mesa haya rechazado la posibilidad de que de manera secreta se levante el anonimato de los implicados en la supuesta amnistía fiscal.

En un acto sin precedentes, los socialistas critican abiertamente a la Secretaría General de la Cámara por su informe en el que da por imposible el levantamiento de tal secreto. Almunia rebate los argumentos de esa secretaría general y utiliza términos ciertamente duros contra el órgano dirigido por el letrado Emilio Recoder. En su opinión, la interpretación de Recoder "es incongruente" con la petición de creación de una comisión de investigación, "ilegítima" y "limitadora de la función de control inherente a la de diputado". También critica que el informe no contemple la nueva legislación, que establece "un principio de colaboración general de la Administración Tributaría con las comisiones de investigación parlamentaria". El propio reglamento del Congreso establece, según el PSOE, la preservación de terceros en la confidencialidad de los datos tributarios.