Trabajo investiga el cobro irregular de 373.000 pensiones y prestaciones

C. P.El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social investiga el cobro irregular de 373.000 pensiones y prestaciones sociales. De ellas, 129.000 son complementos de mínimos, 115.000 prestaciones familiares por hijo a cargo, 91.000 pensiones de titulares ya fallecidos y 38.000 pensiones no contributivas. Esa investigación forma parte del plan de lucha contra el fraude, que prevé asimismo ampliar el papel de las mutuas de accidentes de trabajo, entidades dependientes de la Seguridad Social, en el control de las incapacidades temporales.

Las medidas emprendidas por Trabajo han permitido un ahorro de 88.668 millones de pesetas durante el segundo semestre de 1996 y se prevé que en 1997 produzcan un ahorro de 181.718 millones de pesetas, según el informe presentado ayer por el ministro de Trabajo, Javier Arenas; el secretario de Estado de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio; y el secretario general de Empleo, Manuel Pimentel.Esas irregularidades se han detectado mediante un cruce de datos entre la Seguridad Social y Hacienda y la cifra mayor corresponde al presunto cobro ilegal de complementos de mínimos por parte de 120.000 pensionistas que, según sus propias declaraciones de renta, no tienen la insuficiencia económica requerida.

Un dictamen del Justicia de Aragón (Defensor del Pueblo en esta comunidad), Juan Monserrat, señala que los pensionistas con complemento de mínimos a quienes el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha requerido la aportación de datos complementarios sobre sus rentas en los años 1994 y 1995 no están obligados a aportarlos, informa Javier Torrontegui.

El dictamen añade que "en ningún momento se regula que estén [los pensionistas] obligados a aportar la declaración del impuesto sobre la renta, por cuanto ésta ya ha sido presentada con anterioridad ante el Ministerio de Economía y Hacienda". Por este motivo el Justiciazgo entiende que el INSS deberá solicitar los datos que estime oportunos a Hacienda y no a los 120.000 jubilados a quienes ha requerido la documentación sobre sus ingresos.

Arenas aseguró ayer que, en el cruce de datos con Hacienda, se han detectado 200 supuestos cuyos titulares tienen unas rentas superiores a tres millones de pesetas y una persona que posee un patrimonio superior a 250 millones de pesetas y cobra complemento de mínimos.

Además, 100.000 personas cobran indebidamente prestaciones familiares por hijo a cargo y otras 38.000 reciben, sin tener derecho, prestaciones no contributivas. En relación a éstas, Arenas hizo ayer un llamamiento a las comunidades autónomas, responsables de la gestión, para que extremen el control de los datos de los beneficiarios.

Para detectar conductas fraudulentas en la incapacidad temporal, el Ministerio de Trabajo ha constituido Equipos de Valoración de Incapacidades, ha firmado convenios con las comunidades autónomas y prepara un nuevo reglamento que refuerza el papel de las mutuas de accidentes de trabajo.

Hasta ahora, esas entidades gestionan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, pero pasarán a controlar también las contingencias comunes. Arenas presume un alto fraude en la incapacidad temporal y asegura que las bajas por enfermedad cuyo pago directo Corre a cargo de la Administración tienen una duración cuatro veces mayor que las realizadas por pago delegado a través de las mutuas.

En el control de las defunciones, Trabajo quiere mejorar el cruce de información con Justicia, en concreto con el Registro Civil, para tener conocimiento directo de los fallecimientos de titulares de pensiones. Por este concepto, la Seguridad Social ha reclamado la devolución de 200.000 mensualidades, correspondientes a 91.000 pensionistas fallecidos. Ese dinero es fácilmente recuperable por el convenio de la Seguridad Social con bancos y cajas que los han abonado.

La percepción del subsidio de desempleo, cuyo control se centraba hasta ahora en la concesión, será objeto de mayor vigilancia también mientras se está percibiendo. Se realizarán controles de presencia cada tres meses en las oficinas del Inem, de disponibilidad para aceptar trabajo y cuando se rechace una oferta de empleo o una acción formativa.