La autovía de Leizarán costó 13.000 millones más por errores técnicos

, La autovía de Pamplona a San Sebastián, conocida como autovía de Leizarán, inaugurada en mayo de 1995 pese a las amenazas y los atentados de ETA, ha costado a Navarra 13.000 millones de pesetas más de lo previsto por errores del proyecto, y otros 5.510 millones de más por los costes de seguridad para realizarla. La obra ha costado, en total, 41.207 millones. Descontados los relativos a la seguridad, 35.500 correponden a la obra en sí, cuyo precio final se desvió casi un 58% respecto al de adjudicación: 22.532. Esta diferencia de 13.000 millones no es atribuible al chantaje terrorista, sino a "graves e injustificados errores e imprevisiones del proyecto", según el informe de liquidación presentado ayer por Francisco Javier Tuñón, presidente de la Cámara de Comptos (tribunal de cuentas navarro).

El órgano fiscalizador navarro ha cerrado cinco años de investigaciones sobre este controvertido proyecto. Denuncia que ni el Gobierno socialista que adjudicó los trabajos en 1989 ni el Ejecutivo UPN-PP que le sucedió en 1991 han exigido nunca responsabilidad alguna por el sobregasto, ni adoptado medidas contra los responsables.

El informe constata que el Gabinete del ahora procesado Gabriel Urralburu, acusado del cobro de comisiones ilegales por parte de las constructoras nunca actuó contra las adjudicatarias de las obras o los responsables de la asistencia técnica y la dirección de las mismas a pesar de que los errores por imprevisiones causaron desviaciones, según las fases, de hasta el 95%.

Tuñón denuncia que él haber encomendado a empresas externas la asistencia técnica y la dirección de obra supuso un coste

añadido de 1.545 millones. Paradójicamente, las desviaciones. en precios 37 plazos -se tardó el doble de lo previsto, en acabar -los 28 kilómetros- beneficiaron a las adjudicatarias al modificarse al alza sus contratos.

Gastos de la Guardia Civil

Además de recordar las irregularídádes en los pagos por la seguridad (5.510 millones) a empresas privadas realizados hasta 1993, el, documento indica que los 102 millones gastados en 1993 para sufragar gastos del destacamento de la Guardia Civil, en las obras no están justificados legalmente "porque no existe un acuerdo de colaboración entre la Administración estatal y la navarra" que los prevea.Tuñón asegura que las amenazas etarras y la contestación social dificultaron la gestión de la obra y encarecieron la seguridad, pero ambas circunstancias "no justifican las fuertes desviaciones en su precio y en el plazo.

Varias de ellas han reconocido ante el juzgado que investiga la trama navarra del caso Roldán haber pagado comisiones. También mantienen recursos por 3.000 millones que reclaman a la Administración foral.

Este nuevo informe será remitido a la juez Marisol Alejandre para que lo incorpore al sumario sobre el caso Urralburu.