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EL 'DECRETAZO', EN EL CONGRESO

El Gobierno y el PSOE se acusan de favorecer a grupos de comunicación afines en la TV digital

El Congreso aprueba la tramitación del 'decretazo' como proyecto de ley

El Gobierno logró ayer la convalidación parlamentaria de su decreto-ley del 1 de febrero pasado, en el que se regula la televisión digital en España, tras un tenso debate en el que el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, y el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, mezclaron en la pelea política a grupos de comunicación considerados por cada uno de ellos como afines al adversario. El PNV acusó a PRISA -empresa editora de EL PAÍS- de haber emprendido una "caza de brujas" contra el nacionalismo vasco. La convalidación del decreto-ley se produjo sin sorpresas, con el voto en contra de los socialistas. El PP apoyó después la tramitación del texto como un proyecto de ley normal, en cumplimiento de las condiciones impuestas por CiU e IU para no dejar solo al Gobierno.

, El Gobierno y el PSOE protagonizaron ayer en el Congreso un auténtico choque de trenes. El motivo: la convalidación del real decreto-ley 1/1997, por el que el Gobierno intenta regular las emisiones de televisión por satélite. El ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, y el portavoz socialista, AIfredo Pérez Rubalcaba, se acusaron mutuamente de intentar favorecer a grupos de comunicación afines. Uno de los argumentos del ministro, -"los intereses generales los va a definir el Gobierno, no se van a definir desde ninguna plataforma, ni desde ningún grupo de comunicación"-, fue interpretado por los socialistas' en el sentido de que el Gobierno "está legislando contra un grupo de comunicación que no les es afín".El pleno del Congreso convalidó el decreto-ley por 197 votos a favor (PP, CiU, PNV, IU y Coalición Canaria), 132 votos en contra (PSOE) y siete abstenciones (del Grupo, Mixto y de Iniciativa per Catalunya, integrada en IU). El decreto será finalmente tramitado como proyecto de ley con el voto favorable de 334 diputados. La portavoz popular, Ana Mato, intentó explicar el apoyo de su grupo a la tramitación del decreto como proyecto de ley "como una prueba de transparencia" del Gobierno y no como el fruto de la presión recibida desde CiU e IU.

El ministro de Fomento justificó la elaboración y aprobación del real decreto-ley por la necesidad de incorporar a la legislación la directiva 95/47 de la Comisión Europea, sobre la transmisión de señales de televisión; la defensa de los consumidores y la libertad de mercado. Pero no tardó en calentarse. Bastó que el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, atribuyera la celeridad en la promulgación de la norma al hecho de que el 24 de diciembre el Gobierno conociera que los derechos del fútbol iban a estar en otra plataforma distinta a la que impulsa el Ejecutivo.

Por esa razón, según Rubalcaba, el Gobierno, en un acto "insólito", pidió un informe sobre el decreto-ley al Consejo de Estado en cinco días, un dictamen al Consejo Asesor de Telecomunicaciones en 48 horas y no se consultó a los consumidores.

Para Rubalcaba, de todo el proceso seguido por el Gobierno se deduce que "ha vulnerado todas las normas que debía respetar, aprobando un decreto inconstitucional a sabiendas de que lo era, para perseguir a los medios que se resisten a ser correa de transmisión", todo lo cual es una demostración de que el Gobierno "ha puesto el poder del Estado al servicio de unos intereses particulares y en contra de otros intereses". "¿Cómo si no explicar", se preguntó, "que un Gobierno en el que se sienta algún que otro jurista, algún que otro inspector fiscal, gentes que se proclaman liberales, gentes que se proclaman amantes del mercado, se hayan comportado como un conjunto de iracundos arbitristas? ¿Cómo explicar si no que un miembro del Gobierno, inteligente, pretenda ofender a los españoles diciendo que una sola plataforma digital es pluralismo y dos monopolio?".

La respuesta de Arias Salgado también fue dura. Su acusación más gruesa fue la siguiente: "Dos días antes de las elecciones del 3 de marzo de 1996 el Consejo de Ministros [socialista] aprobó la operación de concentración de empresas entre Telefónica y Canal +. Para comprender el alcance de esta decisión hay que referirse al acuerdo Telefónica y Canal + de julio de 1995, un acuerdo secreto al que ni siquiera pudo acceder en su integridad el Tribunal de Defensa de la Competencia y que es, probablemente, el acuerdo más inmoral de la democracia española".

En la cerrada defensa del decreto-ley que realizó Arias Salgado, el ministro cometió un error al atribuir a la comercialización de los descodificadores de Canal + un IVA reducido del 7% hasta la aprobación del decreto-ley, cuando, en realidad, ya tributaban al 16%, el tipo normal. Pero también hizo un importante reconocimiento: Arias Salgado admitió que todavía no existe en el mercado un descodificador que responda a las especificaciones contenidas en el decreto-ley ahora convalidado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de febrero de 1997