El Gobierno quiere ligar el salario de los funcionarios a la productividad

El Gobierno quiere vincular una parte de las retribuciones de los salarios de todos los funcionarios a su rendimiento y a sus méritos profesionales. Así se recoge en el proyecto de Estatuto de la Función Pública que el ministerio dirigido por Mariano Rajoy va a negociar con las Comunidades Autónomas y, posteriormente, con los sindicatos del sector.

, Esa propuesta, según el contenido difundido por Administraciones Públicas, persigue implantar en la función pública unas relaciones laborales similares en algunos aspectos a las del sector privado. Además de ligar salarios y productividad, quiere implantar la movilidad forzosa para todo el personal al servicio de cualquiera de las administraciones.En salarios, se considerarán como retribuciones básicas el sueldo -en función de la titulación exigida para ingresar- y los trienios. Las retribuciones complementarias incluirán los complementos referidos a la categoría del funcionario, complemento de puesto de trabajo, productividad -"cuya aplicación se generaliza"-, y gratificaciones extraordinarias. La valoración de los complementos de productividad se pretenden aplicar de forma "objetiva", en función del "especial rendimiento, el interés o iniciativa y la responsabilidad del funcionario".

Los mecanismos de movilidad funcional pretenden una mejor utilización de los efectivos de personal, con la reubicación de los profesionales en los servicios donde sean más necesarios. El Gobierno quiere aplicarlos mediante el concurso ordinario o específico, este último destinado a los puestos directivos. En el ordinario se tendrá en cuenta la trayectoria profesional del funcionario, la experiencia, el trabajo desarrollado, la formación y la categoría profesional.

En los casos de movilidad forzosa, el proyecto establece una distribución de efectivos y pretende que "el funcionario que ejerza funciones no atribuidas a puestos de trabajo, podrá ser destinado a otra vacante de plantilla dentro del ámbito de actuación de su cuerpo o escala, sin que ello implique cambio de residencia".

Asimismo se prevé la implantación de un código ético, a través de un decálogo que defina las conductas o comportamientos que deben observar los empleados públicos en su actuación.