La Generalitat prepara una ley de promoción del catalán que garantiza el uso de las dos lenguas

, La nueva ley que prepara la Generalitat para promocionar el uso social del catalán garantizará al mismo tiempo el derecho individual de los ciudadanos a expresarse y ser correspondidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales de Cataluña: catalán y castellano. La futura legislación, que en caso de ser aprobada sustituirá a la actual Ley de Normalización del Catalán, vigente desde 1983, no tendrá un régimen sancionador propio, sino que a la hora de castigar eventuales incumplimientos se remitirá a lo dispuesto en otras disposiciones legales, como el estatuto del consumidor o las normas que regulan la función pública.El consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Joan Maria Pujals, expuso ayer los criterios básicos de su departamento a las planas mayores de todos los partidos políticos catalanes con representación parlamentaria. Todos ellos accedieron a participar en la elaboración de una ponencia conjunta en el Parlamenten la que tratarán de alcanzar el máximo consenso posible sobre la eventualidad de hacer una nueva ley.

Chequeo a la ley actual

Los socialistas, especialmente reticentes ante la posibilidad de revisar la legislación actual, arrancaron a Pujals el compromiso de que antes de empezar a hablar sobre una nueva ley, la ponencia parlamentaria se centrará en analizar el grado de cumplimiento de la normativa actual. Sólo en el caso de que dicho análisis demostrase que la ley vigente ha quedado obsoleta, los socialistas aceptarían participar en la elaboración de una nueva.

El Gobierno catalán pretende que la nueva ley promocione y generalice el uso el catalán en calidad de "lengua propia" desde el respeto al derecho individual de elección de cualquiera de las dos lenguas oficiales y desde la preservación de "la cohesión social". Pujals destacó ante sus interlocutores que la nueva ley debe ser "indicativa para los ciudadanos e imperativa para la Administración y sus funcionarios".

La Generalitat considera que la ley de 1983 ha quedado superada por cambios trascendentales, como la revolución informática, la aparición de las autopistas de la información y la globalización comercial y cultural. Por esa razón, el Gobierno catalán promueve una nueva norma que fomente el uso del catalán en las actividades socioeconómicas, en las comunicaciones y en la industria cultural. Y que regule los usos institucionales de las dos lenguas oficiales.

Las instituciones, corporaciones y empresas públicas catalanas, las universidades, los colegios profesionales, las cámaras de comercio y las federaciones deportivas, entre otros organismos sujetos al derecho público, deberán utilizar el catalán como lengua habitual en sus comunicaciones, de acuerdo con los criterios de Pujals. Al mismo tiempo, deberá respetarse el derecho individual de los ciudadanos que deseen ser atendidos y correspondidos en castellano.

Los mismos preceptos regirán para las empresas privadas concesionarias de la Administración catalana. En general, todas las empresas dedicadas a la venta o a la prestación se servicios deberán estar "en disposición de atender y corresponder a los ciudadanos en catalán y en castellano".

Los bancos y las aseguradoras tendrán que ofrecer sus documentos al público en las dos lenguas, mientras que las escrituras y otros documentos públicos seguirán siendo válidos en cualquiera de ambos idiomas, pero será la persona que otorgue el documento quien elegirá en qué lengua se redactará. "El mismo criterio presidirá la relación de los ciudadanos con la Administración de Justicia", según el consejero de Cultura.

El Gobierno catalán tiene especial interés en fomentar el uso del catalán en los medios de comunicación y en la industria cultural en general.

En este punto, propone imponer cuotas de emisión en catalán en la televisión por cable, las emisoras locales, las eventuales televisiones autonómicas privadas y las radios con frecuencias de emisión concedidas por la Generalitat.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 07 de febrero de 1997.

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