El Gobierno vulnera la Constitución para frenar a Canal Satélite, según los expertos

El decreto-ley dictado por el Gobierno sobre la transmisión de señales de televisión vulnera la Constitución, tanto por razones de forma como de fondo, según los expertos consultados por este periódico, quienes consideran que las prisas mostradas ahora por el Ejecutivo muestran un objetivo de frenar a Canal Satélite. Los constitucionalistas estiman que el derecho fundamental a comunicar información exige su regulación por ley votada en el Parlamento.

, El catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido, máximo dirigente de Nueva Izquierda, favorable a la regulación de la televisión por satélite y digital, advierte que "el único interés del Gobierno por acometer tal regulación se produce cuando se le estropea su plataforma y como medio de hostigar a Canal Satélite". López Garrido critica tanto al Gobierno del PP como al del PSOE por no haber traspuesto la directiva europea sobre esta materia de noviembre de 1995 antes de septiembre de 1996, como era obligado, ya que el plazo era de nueve meses.López Garrido describe que una vez que Antena 3 TV "llega al acuerdo de Nochebuena con Canal +, al Gobierno le entra una prisa tremenda, actitud claramente hostil hacia el grupo que le lleva la delantera".

Este constitucionalista considera que la fórmula del decreto-ley no es aplicable en este caso y que el Gobierno debió enviar un proyecto de ley al Parlamento. Aduce el artículo 86 de la Constitución, que excluye de la regulación por decretos-leyes "los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I", entre ellos el derecho a comunicar-información del artículo 20.

Caso "extraordinario"

Pero, además, recuerda que la Constitución sólo permite decretos-leyes "en caso de extraordinaria y urgente necesidad". Admite que "para el Gobierno la necesidad era urgente, una vez que iba a salir al mercado Canal Satélite, pero tal necesidad no era extraordinaria". López Garrido recuerda que el Tribunal Constitucional "interpreta como necesidad extraordinaria la no previsible o que surge inopinadamente, cosa que no ocurría por la existencia de la directiva".

En cuanto al contenido del decreto-ley, López Garrido considera que "parece excesiva" la elevación del IVA del 7% al 16 %, correspondiente a consumos de lujo, "sobre todo teniendo en cuenta que quien lo paga no es la empresa, sino el usuario, al que el Gobierno decía querer proteger". Señala que, además, "no deben establecerse tipos impositivos por decreto-ley, sino por ley".

Otro catedrático de Derecho Constitucional, Juan José Solozábal, estima que "el derecho fundamental a la libertad de expresión deja poco margen al Estado, sobre todo cuando, como en este caso, la intervención ordenancista que hace el Gobierno lo impide, obstaculiza, retrasa o pone en cuestión". Reconoce que la directiva europea debe trasponerse, "pero no contra la Constitución".

Riesgo para la libertad

Solozábal cree que "con tantas prohibiciones de opciones se está impidiendo el libre desarrollo de una empresa y el ejercicio de la libertad". Además, coincide con la mayoría de los juristas consultados en que los derechos fundamentales no pueden regularse por decreto-ley. Para Solozábal "ni siquiera por ley puede entrarse en tal detallismo, ya que tratándose de derechos de libertad, el Estado debe intervenir lo menos posible, por el riesgo de negar, en este caso la libertad de expresión y la de empresa".

Manuel Núñez Encabo, catedrático de Ciencias Jurídicas, cree que sobre la televisión digital, "cuestión no sólo empresarial, sino también política, el Gobierno ha reaccionado tarde y mal, sin consultar previamente con los interesados y sin llevar las propuestas de armonización al Parlamento". Califica de "absurdo" el decreto-ley, ya que "el Gobierno, que se dice liberal, se implica intervencionista y unilateralmente como juez y parte, ya que está en una de las plataformas".