Rodríguez: "El Gobierno pide un descodificador liberalizador"

El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, negó ayer que el Gobierno esté interesado en tener a su servicio la plataforma digital encabezada por Telefónica o cualquier otra empresa. "El Gobierno no se plantea cómo manipular nada menos que cien canales porque es imposible". Es más: "El Gobierno ni gana ni pierde porque haya una u otra", recalcó."¿Por qué el Gobierno pide un descodificador liberalizador por el que pasen todas las señales?", se preguntó. "Porque es mejor para el usuario tener un descodificador para todas las plataformas que pueda tener y no para cada una de ellas". Ahora bien, Rodríguez no ocultó la predilección del Gobierno porque haya sólo una. Después, buenos deseos: "Hay un grupo de empresas que se ha unido en torno a Telefónica y otro en Sogecable; el Gobierno no tiene nada contra ninguna de las dos; les desea mucho éxito".

Rodríguez opinó también sobre qué puede pasar con Sogecable una vez que se apruebe el próximo viernes el reglamento de las telecomunicaciones. "El Gobierno no va a tomar ninguna medida contra quien trabaje en la legalidad. Si Sogecable tiene todos los permisos y todo está en regla, no pasará nada; es más, deseo que salga bien porque España necesita grupos de comunicación fuertes".

El presidente del Gobierno, José María Aznar, afirmó ayer, durante una reunión con los senadores del PP de la Comisión de Autonomías, que "toda reforma en favor de la libertad acaba con los privilegios y, aunque sea un camino duro, el escogido por este Gobierno es el de la libertad".

Por su parte, José Borrell, diputado socialista, dijo que ningún gobierno europeo ha ido tan lejos como el español a la hora de elaborar un reglamento de televisión por satélite. Para Borrell, el Ejecutivo de Aznar ha hecho una intervención orientada a "condicionar" el desarrollo de determinadas actividades empresariales.

Para el secretario general de CDC, Pere Esteve, es "lógico" que el Gobierno haga un reglamento y señaló que, en ningún caso, un reglamento debe servir de "arma política", sino "garantizar el buen funcionamiento del mercado".