Vacas locas y locos intereses

Más allá de disfunciones y de irregularidades, el caso de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) está siendo una clamorosa demostración del primado de los intereses económicos y del déficit comunitario en la estructura y funcionamiento de la Unión Europea. La indignación de los europarlamentarios por la incuria y las irregularidades de la Comisión Europea, si tales han existido, no debe hacerles olvidar lo a mi juicio esencial: que se ha puesto en peligro, de forma consciente y planeada, la salud de los europeos por una sola razón: la económica. Vístase de intereses agrícolas o industriales, se trata de una sola cosa: dineros.Gracias al proyecto de informe del Parlamento Europeo -ponente Manuel Medina Ortega-, hoy sabemos que el Reino Unido, por una parte prohibió en 1989 el uso de harinas de carne para rumiantes en su país y, por otra, no quiso tomar medidas para impedir que esas harinas pudiesen exportarse. Con lo que su exportación fue en 1990 el doble que en 1988. Para que eso fuera posible era necesario que la Comisión Europea no prohibiera la utilización de dichas harinas, lo que efectivamente tardó cinco años en ocurrir, al parecer para no perturbar el mercado europeo.

Esa prioridad de la lógica del mercado frente a la sociedad (riesgos para la salud humana) es tan absoluta que llevó, en el primer semestre de 1990, al entonces comisario de agricultura MacSharry a amenazar a varios Estados miembros con recurrir al Tribunal de Justicia si prohibían la importación de carne británica. Es sin duda alguna ese primado económico y no una particular perversión de los gobernantes británicos lo que les ha hecho incumplir, múltiple y reiteradamente, los compromisos que habían contraído en este tema. No satisfechos con esa resistencia pasiva, han ejercido una presión permanente sobre la Comisión para que no se inspeccionaran en sus mataderos los aspectos relativos a la EEB y han practicado una política de bloqueo de las instituciones comunitarias, verdadero chantaje según el proyecto de informe del Parlamento, que ha logrado imponerse, por la prevalencia de la opción economicista en la Unión Europea y por la ausencia de voluntad política comunitaria.

Esta falta de protagonismo comunitario, deriva de la importancia del papel de los Estados miembros en cuestiones de salud pública, primero en el marco de la Política Agrícola Común y, desde el Tratado de Maastricht, en función del principio de subsidiariedad que establece el artículo 129. A lo que hay que agregar el rol determinante en el tema de la EEB del Comité Veterinario Permanente, cuyos miembros son representantes de los Estados. Por lo demás, el contenido de las propuestas de la Comisión depende de las recomendaciones del Comité Científico Veterinario, cuyos componentes son también propuestos por los Estados y de ahí sus afinidades con el Comité Veterinario Permanente. Esta circunstancia, unida a la división de las competencias de la Comisión, relativas a la EEB, entre los responsables de agricultura, sanidad animal y salud pública, repartidos en diversas direcciones generales de difícil coordinación explica, aunque en modo alguno justifique, su escasa autonomía y casi nula capacidad reactiva en este tema, entre 1989 y 1994, a pesar de la conocida energía de Jacques Delors que a la sazón la presidía. Episodios tan lamentables como los intentos de levantamiento del embargo de la gelatina o limitar a un millón de ecus (unos 165 millones de pesetas) la financiación del programa de investigación sobre la EEB encuentran en ello su causa.

Sin voluntad política común, entregados a sus intereses económicos y a las prácticas del mercado, los Estados no tienen límites y unos son más iguales que otros. La comparación del tratamiento reservado a la EEB británica y a la peste porcina española es una ilustración paradigmática.