El Gobierno ultima una reforma legal que abre el camino a la compraventa del agua

El Gobierno del PP va a dar la vuelta a la Ley de Aguas como si fuera un calcetín. A sólo unos días de que la reforma se eleve al Consejo de Ministros, un equipo reducido de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas prepara con sigilo la modificación de esta norma para adaptarla al criterio de los ideólogos hídricos del PP. Los cambios afectan a las concesiones, la declaración y financiación de las obras de interés general y la estructura de las Confederaciones Hídrográficas. Con esta reforma se abre la vía a la compraventa del agua y se reduce el papel tutelar del Estado en el reequilibrio hidráulico del país.

Adiós al Plan Hidrológico y la Ley de Aguas que le dió alas durante el largo mandato socialista. Si Juan Benet resucitara quedaría pasmado al ver dónde han ido a parar los esbozos de un plan que tanto impulsó con la idea de distribuir el agua desde la España húmeda a la seca bajo la tutela del Estado.La oposición del PP a esa ley que sometió la titularidad de todas las aguas -incluidas las subterráneas- al dominio público de todos los españoles, no prosperó en su día ante el Tribunal Constitucional. Ahora le ha llegado la oportunidad de adaptarla a sus criterios, dominados por una reducción del papel gestor y tutelar de la administración sobre los recursos hídricos, en línea con algunas de las actuaciones del Gobierno en otras áctividades políticas.

La reforma se ha gestado en torno al Secretario de Estado de Aguas y Costas, Benigno Blanco, y un reducido grupo inspirado por los ingenieros de caminos jubilados José María Gil Egea, asesor del grupo parlamentario del PP y representante de Iberdrola entre los usuarios de la Confederación del Júcar, José María Martín. Mendiluce -proyectista del trasvase Tajo-Segura- y en menor medida el catedrático de Hidrogeología, Ramón Llamas, el látigo fustigador de la política hidráulica de José Borrell.

El sigilo con que ese grupo de trabajo ha abordado la reforma de la ley no ha permitido que trascienda su borrador, salvo la proclamada liberalización del agua, su apertura al mercado libre y la posibilidad de su venta por parte de quien posee la concesión del derecho a usarla, cosa que prohibe la actual legislación.

Más que mercado

Con todo se ha podido saber que la reforma tiene más trascendencia que el simple enunciado de posibilitar el mercado del agua. Fuentes que han tenido acceso al borrador del texto que prepara Medio Ambiente afirman que la liberalización propuesta sobre las concesiones sobre el uso del agua es importante.Mientras ahora no se puede comerciar con estos derechos -el titular de un pozo, por ejemplo, no puede comerciar con la concesión ni obtener un beneficio por la venta de su agua a terceros-, la reforma abre la vía a la venta de estos derechos y liberaliza el mercado del agua con carácter temporal sin limitaciones, según las fuentes que han tenido acceso al borrador.

Con la legislación actual la modificación de los derechos concesionales sólo se ha llevado a cabo en circunstancias excepcionales, como la pasada sequía. Las Confederaciones Hidrográficas han rebajado en algunos casos el derecho al uso del agua que tenían algunos regantes en beneficio de otras prioridades como los abastecimientos de poblaciones cuando estaban afectadas por fuertes restricciones.

El nuevo marco jurídico, permitirá a los particulares ceder su derecho de concesión -el agua de un embalse para regadíos, usos hidroeléctricos, una toma de un río, un pozo- a terceros.

Permitirá a la administración estatal o a las confederaciones hidrográficas la convocatoria de concursos de obras de infraestructura hidráulica y su explotación (mediante el cobro de tarifas) a concesionarios privados en los términos que desarrolla la ley de acompañamiento.

En lo que se refiere, a las concesiones sobre el uso de aguas residuales, el Gobierno ha aparcado definitivamente un decreto cuya aprobación quedó pendiente por la administración socialista, donde se regulaban sus condiciones higiénicas y la transmisión de derechos concesionales entre los usuarios primeros del agua y los siguientes, una vez recicladas.

La reforma que ahora propone el PP incluye en un mismo paquete las aguas recicladas y las procedentes de desalinización. Liberaliza su uso y su comercio. No las considera públicas y remite a un decreto de Sanidad su regulación sanitaria.

En el mismo borrador se propone disminuir las funciones técnicas de las Confederaciones Hidrográficas, una vez que se constituyan las sociedades estatales o se otorgen contratos de infraestructuras hidráulicas a empresas privadas, según la pauta marcada por el Ministerio de Fomento con la creación del GIF, entidad que asumirá la construcción del AVE entre Madrid y Barcelona.

El mercado del agua fue una iniciativa del estado de California. Funcionó durante un periodo de sequía y permitió la compra de agua a los agricultores para atender abastecimientos urbanos. Por contra, la caída las actividades agrícolas causó perdidas en todos los sectores económicos derivados, como la industria agraria y de fertilizantes.