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EE UU ayudó a Rusia a imponer la reforma económica por decreto

Pilar Bonet

EE UU ayudó al presidente ruso, Borís Yeltsin, a establecer su régimen de Gobierno autoritario con el propósito de sacar adelante la reforma económica. El Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional (IHDI), una entidad clave, en la gestión de la ayuda estadounidense a la transición postsoviética, ha comprometido la imagen de la Administración de Clinton como sostén de la democracia en Rusia, al ayudar a Borís Yeltsin a impulsar la reforma económica por decreto para puentear al Parlamento, pese a la oposición del Departamento de Estado norteamericano.

Así se desprende de un informe oficial estadounidense dedicado a las actividades del IHDI en Rusia y en Ucrania. En el primero de estos países, durante dos años (mediados de 1994 y mediados de 1996), el IHDI, que dirige el prestigioso economista Jeffrey Sachs, redactó "centenares de decretos" presidenciales, aunque la misión para la que había recibido 20 millones de dólares (2.700 millones de pesetas) de la Administración norteamericana era apoyar la actividad legislativa de un comité mixto de representantes del Parlamento ruso y de la oficina jurídica de Yeltsin. Aquel comité, que hizo uña lista de 19 leyes básicas para la reforma económica y consiguió la aprobación parlamentaria de nueve de ellas, representaba un intento de colaboración entre ambas ramas del poder en Rusia tras el sangriento desenlace del conflicto entre ellas, en octubre de 1993. En 1994, el Departamento de Estado era partidario de prestar ayuda legislativa sólo en campos donde el Parlamento y el Ejecutivo rusos estuvieran de acuerdo.

Autor del informe

El autor del informe sobre las actividades del IHDI es el Organismo de Contabilidad General de EE UU (OCG), que supervisa el uso de fondos públicos por los organismos gubernamentales. El documento, al que ha tenido acceso ELPAÍS, fue encargado, por el presidente del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso.El informe del OCG aporta nuevos datos al debate sobre la concepción y eficacia de la ayuda prestada por la Administración de Clinton al desarrollo de la democracia y la economía de mercado en el espacio pos-soviético. Sus detractores, principalmente en medios republicanos, alegan que la apuesta por círculos minoritarios de reformistas prooccidentales, como el vinculado a Anatoli Chubáis el actual jefe de Gabinete de Yeltsin, puede volverse contra Washington en el posyeltsinismo, si en Rusia llegan a dominar los sectores nacionalistas, que perciben la influencia de EE UU como una intromisión en su país.

Entre 1992 y 1996, el Departamento de Estado invirtió cerca de 325 millones de dólares en el programa de privatización de Rusia, de los cuales unos 40,4 millones fueron administrados por Harvard para establecer un mercado de capitales e impulsar la reforma legal. El IHDI se adjudicó estos fondos sin concurso gracias a su privilegiada posición en Rusia.

Según el, informe, el IHDI "modificó" la estrategia de la reforma legal del Departamento de Estado al concentrarse en la redacción de decretos para Yeltsin. Washington controló poco al IHDI, pero se oponía por creer que Ios decretos no apoyaban los procesos democráticos contemplados por el proyecto", y ésa era, según el informe, la actitud del embajador norteamericano en Moscú. En un me morándum dirigido al OCG, Jeffrey Sachs, sin embargo, afirma que la promulgación de decretos era "parte integral" de la estrategia de reforma legal en Rusia y "era conocida y aprobada" por más altos funcionarios: del Gobiemo norteamericano.

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El informe del OCG señala también que el Centro de Privatización de Rusia (CPR), que, ha administrado préstamos del Banco Mundial y asistencia técnica a proyectos de privatización, no ha rendido. cuentas satisfactorias a EE UU, de los más de 45 millones de dólares que le ha dado desde abril de 1993. El CPR, entre cuyos fundadores figuran organismos estatales rusos y el mismo IHDl, "nunca ha presentado un plan de trabajo" ni un "plan financiero adecuado" con una estrategia para gastar los fondos recibidos, señala el OCG. Además, el CPR ha pedido más dinero a los representantes norteamericanos, aunque no les ha permitido examinar la lista completa de patrocinadores, ha sido "incapaz de identificar claramente sus objetivos" y dispone aún de fondos.Altos cargos de la Administración presidencial rusa han tenido puestos de dirección en el CPR en el pasado, comenzando por Chubáís, que fue director general, y Maxim Boiko, su actual número dos en el Gabinete presidencial, que fue jefe ejecutivo del CPR. Ambos continúan siendo miembros de la dirección del éste. Desde su fundación en 1992, el CPR ha estado bajo influencia norteamericana directa.

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Sobre la firma

Pilar Bonet
Es periodista y analista. Durante 34 años fue corresponsal de EL PAÍS en la URSS, Rusia y espacio postsoviético.

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