Golpe de borrador
POR UNA vez Italia está yendo más lejos en los hechos que en las palabras. Tras cinco años de predominio absoluto de la crónica judicial, a cuya sombra se han librado sangrientas batallas políticas, las noticias de tribunales ya no hacen mella. Están pasando a un segundo plano, precisamente cuando los procesos que cambiaron la faz política del país, a la manera de una monumental purga, culminan en las correspondiente! vistas públicas. El espectáculo de la justicia ya no interesa, y si interesa, no se representa. Noticias como la vista preliminar del caso del primer ministro, Romano Prodi, por un presunto delito de prevaricación, o la apertura del juicio oral por financiación ilegal de partidos políticos contra Cesare Romiti, presidente de Fiat, pasan casi inadvertidas. Ha variado el humor del público, pero están cambiando, sobre todo, los usos y las reglas del juego.La expresión "punto final" no se encuentra, en la enciclopedia política italiana. Sí el más drástico colpo di spugna (golpe de borrador), más violento que el "borrón y cuenta nueva". Pero nadie quiere utilizar ahora una terminología derivada de esa especie de calvinismo justicialista que asumió una mayoría de los italianos cuando los magistrados se consideraron lo suficientemente fuer tes para intervenir contra la ilegalidad generalizada. No debe extrañar que ahora los italianos quieran pasar página y poner fin a una situación en la que cualquier proyecto de trabajo, inversión o diversión ha dependido, de lo que algún magistrado quisiera descubrir cada mañana.
El mal da, la corrupción, estaba muy extendido. Los propios fiscales han reconocido que, más que investigar casos concretos de corrupción; se encontraron procesando a todo un sistema, lo que ha acabado superándolos. Y el sistema no ha cambiado, si hemos de creer al presidente del Tribunal de Cuentas, que acaba de declarar que, al cabo de tanto clamor de limpieza, la corrupción sigue tan difundida como antes. La justicia italiana sigue sin funcionar. Según el último informe del fiscal general del Estado, más del 85% de los delitos resultan impunes. La mayoría de las causas prescriben antes de que pueda celebrarse el proceso.
En tal contexto, no le ha resultado necesario a Prodi apelar a un punto final ni a la reconciliación para justificar unas medidas que el mal estado de la justicia italiana hace urgentes. Novedades como la evaluación permanente de los jueces o la exención de cárcel para quien esté dispuesto a compensar con otros medios su pena son, sin embargo, expresión misma del punto final.
Italia difícilmente va a expresar júbilo por esto. Menos aún cuando se basa en un acuerdo de estabilidad y reforma institucional alcanzado por Massimo D'Alema, ex comunista con aspiraciones a líder socialdemócrata, y Silvio Berlusconi, empresario del viejo sistema asediado por procesos anticorrupción y con grandes intereses en sectores como la televisión, que aún debe regular el Gobierno de centro-izquierda. Las protestas contra este acuerdo de los dos extremos del arco político, la Alianza Nacional en la derecha y el Partido de la Refundación Comunista en la izquierda, hacen poca mella frente a un muy generalizado deseo de normalidad y de abrir una nueva etapa.
