La lucha firmada

Los manifiestos firmados por profesores, escritores, artistas, profesionales y ciudadanos del común para protestar contra las decisiones de la dictadura y para denunciar sus abusos fueron moneda corriente durante el franquismo. Esos escritos circulaban de forma clandestina: no eran reproducidos informativamente por una prensa bajo control del Gobierno mediante la censura previa hasta 1966 (y a través de mecanismos indirectos hasta 1975) y tampoco podían ser insertados como publicidad pagada en los medios de comunicación. Además, los firmantes se arriesgaban a ser procesados, multados, privados del pasaporte, expedientados si eran funcionarios públicos o desterrados; la protesta por el corte de pelo de que habían sido víctimas algunas mujeres de la cuenca minera asturiana le costó a José Bergamín en 1963 su segundo exilio. Esa forma de oponerse al franquismo solía ser denominada humorísticamente lucha firmada; pese a su aparente inocuidad, fue un j arma eficaz para la deslegitimación de la dictadura.Desde el restablecimiento de la democracia, la militancia partidista y sindical, el ejercicio del sufragio y el derecho de manifestación y reunión son el lecho principal que sirve de cauce a las protestas y a las denuncias ciudadanas. La libertad de expresión y el pluralismo efectivo dentro del mundo de los medios de comunicación (desde las revistas de ultraderecha hasta el diario Egin) aseguran una tribuna o un altavoz a cualquier opinión. La lucha firmada, sin embargo, no ha desaparecido, con la ventaja añadida de que su difusión ahora es legal y puede recurrir a su inserción pagada en los periódicos (lo que los argentinos llaman solicitadas): las tomas de posición respecto a determinados acontecimientos (como el referéndum de la OTAN en 1986 o la huelga general del 14-D) y la petición del voto para los partidos suelen servir de motivo a esos llamamientos.

La vista oral señalada por la Audiencia Nacional para juzgar a Ruiz-Mateos por dos delitos de falsedad ha dado lugar a un pintoresco anuncio publicado la semana pasada en algunos diarios para solicitar la celebración del "verdadero y auténtico juicio de Rumasa": el académico Torcuato Luca de Tena, el notario Blas Piñar, los novelistas Fernando Vizcaíno Casas y Ángel Palomino, los cantantes Betín Osborne y Raphael, el periodista Antonio Izquierdo y la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada figuran en esa lista de firmantes dominada por los nostálgicos del franquismo y la ultraderecha. Tras mezclar y confundir torticeramente el juicio penal contra Ruiz Mateos, todavía pendiente, y el pleito contencioso-administrativo sobre la expropiación de Rumasa, resuelto hace mas de diez años por el Tribunal Constitucional, el llamamiento pronuncia por adelantado su veredicto: "Como es público y notorio", la intervención de Rumasa fue "innecesaria" y fruto de una incautación "cuasi dictatorial" adoptada "manu militari".

Dejando a un lado esa mascarada (¿alguno de los firmantes hubiese pedido en 1963 un juicio justo para Julián Grimau, condenado a muerte por un Consejo de Guerra cuyo vocal ponente había falsificado su título de licenciado en derecho?), el anuncio insertado el pasado domingo en diferentes periódicos por veinte editores para expresar su solidaridad con la librería Lagun, de San Sebastián, asaltada varias veces por grupos violentos simpatizantes de ETA, devuelve su antiguo significado y su pleno sentido a la lucha firmada en defensa de las libertades frente a los movimientos autoritarios, estén en el poder (como el franquismo) o traten de conquistarlo mediante la ocupación de las calles (como el nacionalismo radical vasco); mientras los diarios que publicaban ese gesto de apoyo se estaban imprimiendo, los bárbaros volvían a romper los escaparates de la librería donostiarra (fundada en 1968 y represaliada durante la dictadura) el sábado por la noche y a quemar en una pira inquisitorial sus libros en la plaza de la Constitución -precisamente- de la capital guipuzcoana.