686 edificaciones ilegales ocupan cauces de ríos, dice la Confederación
La Confederación Hidrográfica del Tajo cifra en 686 las construcciones ilegales que ocupan los cauces de los ríos Guadarrama, Henares, Jarama y Manzanares, y los arroyos de Tejada, la Vega y Ardoz, en la Comunidad de Madrid. José Antonio Llanos, presidente de este organismo, asegura que las edificaciones ilegales en ríos abarcan 9.950 metros en las zonas de dominio público hidráulico, servidumbre, policía e inundables de los ríos y arroyos citados, con grave riesgo para las personas ante posibles desbordamientos por lluvias.De las 686 construcciones, 456 son viviendas, y 230, huertos de ocio. Un total de 560 se hallan en la zona de policía -situadas a menos de 100 metros de los cauces-, y 126, en zonas de dominio público hidráulico y servidumbre -a menos de cinco metros-. Entre los municipios afectados figuran Móstoles (160 construcciones ilegales), Arroyomolinos (45), Torrejón de Ardoz (80), San Fernando de Henares (130), Madrid (71), Colmenar Viejo (140 casetas), Alcobendas y San Sebastián de los Reyes (20) y Torrejón de Ardoz (40).
Llanos precisó que todos estos datos figuran en un informe elaborado por la Confederación en el último trimestre de 1996. El informe fue remitido a la Delegación del Gobierno para que convocase, este mes, una reunión entre la Confederación Hidrográfica del Tajo, los ayuntamientos afectados y la Comunidad de Madrid, con el fin de coordinar actuaciones ante eventuales riadas y buscar una solución definitiva al problema.
Reubicación de familias
Para Llanos, la colaboración de las localidades involucradas y la Administración regional podría concretarse "en la reubicación de estas familias, o, por lo menos, si hubiese que llegar a la vía judicial, en la consecución de los desalojos".
Llanos considera "complicada" la solución de este problemas. "No sería justo conseguir viviendas para estas familias ni sustituir las existentes, pues sería un premio ante una actuación ilegal, cuando hay muchas personas esperando viviendas".
La Confederación iniciará en 1997 los trabajos para delimitar las zonas de dominio público hidráulico, servidumbres, policía e inundables en los tramos donde se localizan las edificaciones ilegales.
Una vez realizado el deslinde en los ríos, con la colocación de mojones y su publicación oficial, la Confederación pondrá en marcha, a largo plazo, los procesos judiciales para desalojar a las personas "que invaden un terreno que no es de su propiedad", explica Llanos.
El dominio público hidráulico "es imposible de utilizar para ningún uso ocupacional o de recreo", asegura el presidente. Sólo en algunos casos, los propietarios de terrenos adyacentes a los ríos "pueden permitir asentamientos en la zona de policía, pero con condiciones", según Llanos.
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