La tercera desamortización

Ha sido el ministro de Defensa, Eduardo Serra, quien ha calificado de "tercera desamortización" la venta masiva de instalaciones del Ejército. Tras las dos grandes desamortizaciones del Siglo XIX, las de Mendizábal y Madoz, que sacaron al mercado los bienes de la Iglesia y los municipios, se trata ahora de enajenar la ingente cantidad de suelo inmobilizado en manos muertas militares. En total, más de 1.500 millones de metros cuadrados de superficie, de los que 13,4 millones corresponden a edificios."Se trata de desamortizar un patrimonio sin expoliar a las Fuerzas Armadas", aseguró Serra en el Senado el pasado 7 de octubre. El Ministerio de Defensa es el mayor latifundista de España. En Ceuta y Melilla, sus propiedades suponen un tercio del término municipal. En la Península, dicho. porcentaje ronda. el 0,5% de la superficie de muchas provincias; aunque hay notables excepciones como Zaragoza (2,1%), Cádiz (1,7%), Madrid o Toledo (1,1%).

La reducción de los ejércitos, que en 1984 tenían 373.000,efectivos y ahora cuentan con sólo 215.000, ha supuesto el abandono de cientos de cuarteles y serán muchos más los que queden en desuso, cuando se aplique su anunciada profesionalización.

El propósito de Serra es aprovechar los ingresos generados por la venta de inmuebles para ayudar a sufragar la modernización de las Fuerzas Armadas, qué según sus cálculos requiere de 300.000 a 700.000 millones anuales. Esta pretensión tropieza, sin embargo, con el interés de los ayuntamientos por hacerse gratuitamente con los edificios que abandona el Ejército, muchos de ellos ubicados en pleno casco urbano, donde hay un déficit dramático de suelo para equipamientos sociales.

Como ya le sucediera al PSOE, el PP ha llegado al Gobierno central tras hacerse con el control de la mayoría de las autonomías, provincias y municipios, lo que genera una tensión entre intereses contrapuestos.

La última muestra de esta tensión es la proposición de ley, presentada el 11 de diciembre en el Congreso por el Grupo Popular, para modificar parcialmente la ley de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa. Dicha propuesta pretende modificar el nudo gordiano de la ley: la prohibición de ceder gratuitamente las propiedades. Esta prohibición legal ha sido tradicionalmente esgrimida por los responsables de Defensa para resistir las presiones de sus compañeros de partido en los ayuntamientos.

Según la proposición del PP, que será debatida por el pleno del Congreso en febrero, las instalaciones militares "podrán cederse gratuitamente mediante orden del Ministerio de Defensa, para fines de utilidad pública o interés social [...] después de haberse agotado todas las posibles vías de enajenación" y siempre que se trate de bienes "cuya enajenación no represente interés económico cierto a juicio del Ministerio de Defensa".

El texto agrega que Defensa se reservará el derecho a recuperar sus propiedades si volviera a necesitarlas o no fuesen destinadas al uso previsto en los correspondientes convenios con ayuntamientos gobiernos autónomos o entidades de interés social.

El PP quería introducir esta reforma como enmienda a la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos, lo que habría permitido su entrada en vigor a partir del 1 de enero. Sin embargo, los ministerios de Defensa y Economía no dieron su visto bueno y el Grupo Popular, que la considera un compromiso electoral ineludible, la ha presentado unilateralmente.

La proposición suscita algunas dudas, pues no especifica qué entiende por agotar "todas las posibles vías de enajenación" o por carecer de un "interés económico cierto".

En todo caso, la iniciativa del PP supone que, en muy pocos meses, va a modificarse dos veces el apartado 4º del artículo 2 de la citada ley de la gerencia, que ha permanecido inmutable durante 12 años.

En efecto, la ley de acompañamiento ya contiene una primera reforma de dicho apartado, esta vez a iniciativa del Ministerio de Defensa, pero no para permitir la cesión gratuita de cuarteles, sino para qué los ingresos generados por su venta puedan destinarse no sólo a inversiones en infraestructura sino también a la compra de armas y equipos.

Según la memoria del proyecto, "se abre la posibilidad de destinar fondos procedentes de la venta de inmuebles, en el caso de que se obtuvieran ingresos excedentes una vez cubiertas las necesidades de infraestructura, a la adquisición y mantenimiento de armamento y material".

La afirmación peca seguramente de optimista, pues durante los últimos años jamás se han producido ingresos "excedentes", sino todo lo contrario. Desde su creación, en 1984, la Gerencia de Infraestructura ha enajenado un millar de instalaciones, por las que ha ingresado 64.000 millones de pesetas, unos 5.000 millones anuales.

Aunque la aprobación de la ley fue polémica, pues rompe el principio de caja única del Estado y permite a Defensa administrar sus propios ingresos, la realidad ha estado muy lejos de las expectativas. Y es que el proceso de enajenación es muy complejo.

Primero, hay que desafectar la instalación de que se trate, que deja de ser considerada de interés para la Defensa. Esta medida puede generar un derecho de reversión a los antiguos propietarios, si el inmueble fue expropiado o donado para uso militar. Luego hay que recalificar el terreno, y aquí entran en juego los municipios, ya que su valor de mercado depende del uso que se le atribuya en el correspondiente plan de ordenación urbana.

Como consecuencia de ello, de los más de 27 millones de metros cuadrados desafectados entre 1991 y 1995, sólo 9,3 millones han sido efectivamente enajenados. La operación más rentable fue la venta de los cuarteles de los Docks, en el centro de Madrid, por los que el Ministerio de Defensa obtuvo 14.000 millones de pesetas. Actualmente, la gerencia dispone de unas 550 instalaciones disponibles para su venta, que ocupan más de 42 millones de metros cuadrados. El departamento debe aprobar un nuevo Plan de Infraestructura, pues la vigencia del último acaba con el año 1996, que especifique el destino de sus casi 3000 propiedades.

Cuarteles abandonados

Según una respuesta del Gobierno al diputado de IU Felipe Alcaraz, Defensa tiene muy avanzadas las negociaciones, con los respectivos ayuntamientos, sobre los siguientes cuarteles: Primo de Ribera (Jerez), Diego Salinas (San Roque), Campamento Benítez (Málaga), Marqués de Estella (Estella), Alfonso XIII (Sevilla), Cría Caballar (Ceuta), Lepanto y Franquesas (Barcelona) y Benalúa (Alicante). También hay conversaciones, aunque con litigios pendientes, respecto a las instalaciones de Son Simonet (Palma de Mallorca), San Lamberto (Zaragoza) y Molinos Gallegos (Cartagena).Hay cuarteles vacíos, pero aún no desafectados, en Murcia (Jaime 1 El Conquistador), Lorca (Sancho Dávila y Carraclaca), Irún (Infantería Ventas), Castellón (Tetuán XIV y Centro de Reclutamiento), Sevilla (Daoiz y Velarde y San Fernando), Alcalá de Guadaira (Lago Román) y Tenerife (Las Raíces y La Mina).

Las propiedades abandonadas por Defensa constituyen un heterogéneo lote cuya venta no siempre resulta fácil. Entre ellas hay 16 aeródromos, 12 polvorines, 11 campos de tiro, 48 inmuebles, 30 carreteras, 10 almacenes, un parque automovilístico y un garaje, 19 baterías de costa, cuatro antiguos hospitales, un refugio antiaéreo, tres polideportivos, seis fuertes o castillos, dos fábricas de armas, dos muelles, una cañada real y dos hípicas.

El interés comercial de Defensa no se limita, sin embargo, a los inmuebles. La citada ley de acompañamiento faculta al Gobierno para vender o permutar equipos en uso por parte de la Fuerzas Armadas ante "la rápida obsolescencia del material de Defensa [como consecuencia de las innovaciones tecnológicas"].