Liaño replica en un auto a la Audiencia y niega que citar al fiscal Aranda fuera "perturbador"

El juez Javier Gómez de Liaño ha dado un plazo de tres días al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, José Aranda, para que le remita un informe sobre los contactos que mantuvieron el fiscal Ignacio Gordillo y el abogado de Herri Batasuna Iñigo Iruin al reiniciarse el caso Lasa-Zabala [secuestro, torturas y asesinato de dos presuntos etarras]. Liaño reclama este informe diez días después de que la Audiencia rechazara que Aranda declarase ante él como testigo. El magistrado acata y ejecuta el fallo de la Sección Segunda pero, parapetado en su "independencia judicial", replica que aquella proyectada declaración no era "innecesariamente perturbadora" como la calificó el tribunal que la rechazó, y advierte a Aranda que, si el informe "resulta incompleto", le pedirá cuantas aclaraciones estime necesarias.

Al juez Javier Gómez de Liaño no parece haberle gustado la decisión de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional de dejar sin efecto la declaración del fiscal jefe José Aranda, y menos que tal diligencia fuese calificada como "innecesariamente perturbadora". Por eso, en el auto notificado ayer se queja con su habitual arrogancia de que con aquellas dos palabras empleadas "se haya dicho cosa distinta de la que se quiso decir", e "incluso que una y otra envolviesen aquello que no se deseaba expresar". El juez se extiende después en precisiones terminológicas sobre lo que en castellano quiere decir "perturbador" e "innecesariamente", locuciones que a su entender no son "superponibles ni intercambiables".Sin embargo, el magistrado no ha tenido más remedio que dejar sin efecto la declaración testifical de Aranda, si bien ahora le exige un informe, en el plazo de tres días y advirtiéndole reiteradamente de "las muy amplias posibilidades de ulteriores aclaraciones" si considerase que éste resulta incompleto.

Así pues, el fiscal jefe deberá informar, por escrito y de forma que al juez no le parezca incompleta, sobre si existieron contactos entre el fiscal Ignacio Gordillo y el abogado de HB Iñigo Iruin antes de reabrirse el caso Lasa Zabala. En caso afirmativo, Aranda deberá explicar "cuáles fueron los términos y el contenido de esas relaciones" y en su caso, "si de dichas o en dichas conversaciones participó el fiscal jefe o prestó su conformidad al respecto".

Gómez de Liaño exige también a Aranda que precise si las relaciones entre Gordillo e Iruin "tuvieron reflejo en algún acta, documento o soporte de audio, o se elaboró por el responsable de la fiscalía algún dictamen o informe". Aranda también deberá informar, precisamente al propio juez, "si dio cuenta al juzgado y en concreto a su titular y demás partes personadas".

"Se rogará que el informe esté a disposición del juzgado en el plazo de tres días", prosigue Liaño, y "se interesará que de existir algún documento sobre tales extremos, se remita al juzgado". "Y todo ello, como dice el tribunal, sin perjuicio de que si el informe fuese incompleto se pedirán cuantas aclaraciones se estimen necesarias", reitera el magistrado.

Gómez de Liaño también reprocha al tribunal que prescindiese de reproducir los motivos por los que él acordó la declaración de Aranda. Así que, para "general comprensión", los reproduce y recuerda que fue él quien sugirió primero recabar un informe a Aranda, y que fue Aranda quien manifestó que le era indiferente el informe o la declaración. Liaño agrega que otro fiscal, Gordillo, ya ha declarado sobre los mismos hechos, y que, en definitiva, un informe no difiere en mucho de una declaración por escrito.

En otro apartado, Liaño señala que el tribunal ha creado un precedente al haber admitido el recurso de queja de Aranda, "saltándose el recurso de reforma", lo que deberá tenerse en cuenta para en lo sucesivo, dice, advertir a las partes que contra cualquier diligencia que se acuerde cabe interponer "recurso de queja".

La declaración del fiscal jefe de la Audiencia Nacional fue interesada por Gómez de Liaño coincidiendo con una inspección en la fiscalía de la Audiencia Nacional, con el pretexto de que este periódico había publicado que dicha inspección había detectado la existencia de contactos telefónicos y personales entre el fiscal Gordillo y el abogado Iruin coincidiendo con la aparición de los restos de Lasa y Zabala.

En realidad, tales contactos habían sido admitidos y reconocidos públicamente por Gordillo mucho tiempo atrás, y fueron admitidos también por Iruin. Ambos declararon ante Gómez de Liaño y dejaron caer que sus conversaciones en torno a la aparición de los restos de Lasa y Zabala fueron conocidas por el fiscal jefe José Aranda y el anterior titular del juzgado, Carlos Bueren.

El fracasado intento de citar a declarar a Aranda fue el inmediato paso de Liaño, que ahora ha tenido que sustituir el interrogatorio por un "completo" informe escrito.