Las cajas dan el 63% de los recursos del Plan de Vivienda

Las 50 cajas de ahorro confederadas han concedido créditos por valor de 370.277 millones de pesetas hasta el final del pasado mes de noviembre con destino al actual Plan de Vivienda, que prorroga el que estuvo vigente entre 1992 y 1995. Esta cantidad supone el 62,9% del total concedido por el conjunto del sector financiero en ese periodo, según los datos que maneja el Ministerio de Fomento.Las entidades oficiales de crédito han financiado en los 11 primeros meses de 1996 créditos por valor de 150.710 millones de pesetas, en tanto que la banca privada lo ha hecho por valor de 48.290 millones de pesetas. Las cajas rurales han aportado 19.037 millones. El grado de cumplimiento del plan al finalizar el mes de noviembre es del 88%, según Fomento, lo que permite aventurar que al finalizar el año se roce el 100% de los objetivos marcados.

Cataluña es la comunidad autónoma que ha logrado una mayor financiación, con un montante total de 114.203 millones de pesetas; seguida de Andalucía, con 105.400 millones, y la Comunidad Valenciana, con 102.208 millones. En el otro extremo se situaron Cantabria, con 6.309 millones; La Rioja, con 7.897 millones, y Baleares, con 7.374 millones de pesetas.

El mercado de la vivienda de protección oficial sigue siendo uno de los puntales en la estrategia crediticia de las cajas de ahorros, según ha manifestado recientemente Braulio Medel, presidente de la Confederación Española de las Cajas de Ahorros (CECA). De hecho, las cajas de ahorro cuentan actualmente con más del 60% de la cartera total de créditos hipotecarios del mercado español. La cartera total hipotecaria asciende a más de 18 billones de pesetas.

Durante el periodo que va desde 1981 hasta 1995, las cajas han aportado a la financiación de vivienda 3,4 billones de pesetas, lo que supone el 57% del total de los recursos aportados por el sector financiero.

Por otra parte, el Ministerio de Fomento ha decidido proponer al Consejo de Ministros que se congelen los precios de las viviendas protegidas. Esta decisión ha sido adoptada después de comprobar "el crecimiento escasamente significativo de los costes de edificación" y "la caída generalizada de los precios de la vivienda", según manifestaron fuentes del departamento de Rafael Arias Salgado.