Doble rasero

DOS JUZGADOS de la Audiencia Nacional, de los que son titulares Javier Gómez de Liaño y Baltasar Garzón, han abierto diligencias Para determinar el origen de la filtración a la prensa de los llamados papeles del Cesid. Nada que objetar a esta decisión, salvo que resulta tardía. Desde que en diciembre de 1994 se reabrieron los sumarios del caso GAL, las filtraciones han. sido recurrentes y casi siempre en la misma dirección.Con frecuencia, dichas filtraciones han sido utilizadas con fines políticos o de otro tipo más sinuoso, al coincidir su difusión, fecha a fecha, con el avance del proceso contra el ex presidente de Banesto Mario Conde. El secreto de las actuaciones ha servido, además, de patente de corso para los publicistas de las filtraciones, que ni siquiera tenían que demostrar la veracidad de sus noticias, bastándoles remitirse a sumarios cuyo contenido desconocía el resto de los mortales.

Lo sorprendente, por tanto, no es que se investiguen las filtraciones, sino cuándo y por qué se ha abierto tal investigación: exactamente 24 horas después de que EL PAÍS publicase íntegramente las exposiciones razonadas que tres jueces remitieron en mayo pasado al Gobierno pidiendo la desclasificación de los llama dos papeles del Cesid, cuyo contenido transcribían en su totalidad.

Pero de los 20 documentos conocidos como papeles del Cesid, los más importantes habían sido ya publicados y eran de dominio público desde hacía meses. Más aún, un día antes de que EL PAÍS los hiciese públicos, el diario El Mundo reiniciaba la edición por entregas de "los 20 documentos secretos que el Gobierno oculta a los jueces", sin que en ese intervalo de 24 horas hubiese iniciativa alguna de investigación.

El valor de la publicación en EL PAÍS ha consistido en que, por vez primera, el lector puede juzgar por sí mismo el contenido de los polémicos documentos que se ofrecen en su totalidad y sin mezclarlos con las valoraciones del diario, que van nítidamente separa das. No es más que entonces cuando los jueces deciden investigar las filtraciones. Ni la más mínima queja se había producido hasta ese momento, y sin embargo, los sumarios secretos provenientes de varios juzgados de la Audiencia Nacional eran agujereados sistemáticamente. Si el secreto del sumario tiene por objeto impedir que se entorpezcan las investigaciones, al conocerse su contenido por los supuestos implicados, no se entiende la pasividad de los últimos meses ante la difusión reiterada de supuestas pruebas, secretas.

La hipótesis de que El Mundo no consiguió los papeles desde los juzgados, sino directamente a través de la vía Perote-Conde-Santaella, es verosímil (por las permanentes relaciones del director de ese diario con ellos) y puede tranquilizar la conciencia de los jueces, pero no palia en absoluto sus posibles efectos pemiciosos sobre el desarrollo de la investigación. Por otra parte, el secretario de Estado de Comunicación, Rodríguez, atribuyó el pasado viernes al Ministerio de Defensa la filtración de los papeles del Cesid, tras afirmar que "todo parece indicar que el documento ha salido una vez que ha entrado en el Ministerio de Defensa". Prefiere ignorar el portavoz que estos sumarios han estado en la mesa de no pocas instancias, incluida la propia Presidencia, varios servicios jurídicos, la Abogacía del Estado y los ponentes de la Sala Tercera del Supremo, como mínimo.

Por lo demás, la investigación abierta tras la publicación por EL PAÍS de los papeles del Cesid presenta características bastante peculiares: de un lado, se filtran a la prensa datos sobre unas diligencias dirigidas precisamente a aclarar filtraciones; de otro, la dirección de la investigación corresponde a los titulares de dos juzgados que, al menos a priori, no deberían excluirse como origen de las filtraciones, las anteriores y las más recientes. Todo esto parece tener poco que ver con la apariencia de imparcialidad que, como a la mujer del César, es exigible a la justicia.

Que se investiguen los orígenes de las filtraciones, pero en todas las direcciones y sin excepción. Cada uno es libre de publicar lo que quiera y pueda, uña vez comprobada su veracidad, pero no bajo el manto de la impunidad o de la tergiversación; la luz y los taquígrafos deben ser norma para todos.