El Consejo de Estado exige al Gobierno oír a 97 ex altos cargos socialistas

El Consejo de Estado ha dado un tirón de orejas al Gobierno en su intento de alterar las condiciones de regreso a la Administración de los ex altos cargos socialistas cesados tras el relevo del Ejecutivo. Ha sido por razones formales. Le exige, entre otras cosas, que escuche a los 97 ex altos cargos socialistas, funcionarios de profesión, que regresaron a la Administración a los mismos puestos que ejercían antes de dedicarse a las tareas políticas y con los salarios correspondientes a esos puestos. Las condiciones las estableció una resolución del Consejo de Ministros socialista del 15 de febrero, poco antes de las elecciones generales de marzo.

El Gobierno del PP ha calificado estas condiciones de "blindaje de altos cargos socialistas". Ha contribuido a ello, sin duda, la fecha de la resolución del Consejo de Ministros socialista, a sólo tres semanas de la celebración de las elecciones del pasado 3 de marzo. El Gobierno del PP se ha escudado en las condiciones fijadas por esa resolución para explicar el aumento de los niveles más altos de la Administración en el último semestre. Los 97 altos cargos reingresados son todos ellos funcionarios de los niveles más altos de la Administración: 28, 29 y 30.Los socialistas han replicado que la resolución del 15 de febrero no genera ningún nuevo derecho sino que se limita a establecer procedimientos de aplicación a los casos concretos que se recogen en las leyes de funcionarios de 1964 y las medidas vigentes de 1984. Con estas garantías legales han conseguido los 97 ex altos cargos reingresar a sus puestos anteriores en la Administración y percibir el complemento específico que también cobraban antes de dedicarse a la política. De no haberse resuelto estas garantías legales, los socialistas alegan que podrían haberse prolongado sus situaciones de provisionalidad de manera indefinida.

El dictamen del Consejo de Estado, que preside el ex ministro de UCD Iñigo Cavero, no se pronuncia sobre el contenido de la polémica entre populares y socialistas, esto es, sobre si ha habido o no "blindaje" en la resolución gubernamental socialista del 15 de febrero. Pero ha rechazado el expediente del Gobierno del PP por no cumplir una serie de formalidades básicas, cómo no haber oido a los 97 ex altos cargos afectados.

El Servicio Jurídico del Ministerio de Administraciones Públicas emitió el pasado 19 de septiembre un informe contrario a la resolución del "blindaje". "El contenido reglamentario de la disposición así como la ausencia de competencia para dictarla implican la nulidad de pleno derecho de la resolución de 15 de febrero de 1996, según lo establecido en el artículo 62.2 de la LRJPAC", dice el expediente del Servicio Jurídico de Administraciones Públicas.

El 6 de noviembre, el Servicio Jurídico del Ministerio de Economía y Hacienda manifiesta su conformidad con lo señalado por el de Administraciones Públicas, aunque propone que la revisión de oficio de la resolución del 15 de febrero exige "una orden conjunta del Ministerio de Administraciones Públicas y del Ministerio de Economía y Hacienda, debiendo proponerse la nulidad de la resolución del 15 de febrero también conjuntamente por ambos departamentos".

A continuación se incorpora al expediente una "segunda propuesta de resolución", sin fecha y firma, que se formula como un proyecto de orden conjunta de los dos ministerios, el de Administraciones Públicas y el de Economía y Hacienda.

El dictamen del Consejo de Estado señala que el expediente remitido presenta "ciertas singularidades que vedan la emisión actual de un dictamen de fondo sobre la validez o nulidad, en todo o en parte, de la resolución del 15 de febrero de 1996".

El Consejo de Estado propone al Gobierno que cumplimente "los trámites previstos para el supuesto de una norma emanada de más de un departamento y no exclusiva del ministerio que toma la iniciativa". A este resto propone que se pida la opinión de la asesoría jurídica del ministro de Economía y Hacienda, así como de la Presidencia del Gobierno al afectar a dos ministerios.

También exige que se pida un informe de la Comisión de Personal, de las dos secretarías de Estado que dictaron la resolución del 15 de febrero, que se escuche a los afectados y a las organizaciones representativas de los funcionarios. El dictamen del Consejo dice "que se conceda audiencia a quienes pudieran tener la condición de interesados por habérseles aplicado la resolución cuya nulidad de pleno derecho se pretende declarar y, en su caso y si las circunstancias lo aconsejan, a las organizaciones represenativas de los funcionarios".

El Gobierno del PP no ha decidido aún qué hará, una vez conocido el dictamen del Consejo de Estado. No obstante, el Ejecutivo ya ha extraído una lección del dictamen el Consejo. En el proyecto de Ley de Gobierno ha decidido que los expedientes dirigidos a organismos consultivos, como el Consejo de Estado, que afecten a más de un ministerio tendrán que pasar por el Consejo de Ministros.