El asesinato de Gilberto Calao, director de la DIAN en Tuluá, subraya la gravedad del contrabando en Colombia

Gilberto Jesús Calao González, director seccional de Impuestos y Aduanas en Tuluá, Valle del Cauca, fue asesinado en la mañana de este jueves al salir de su casa. El abogado sumaba más de una década en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el 27 de agosto había asumido el cargo en una ciudad clave para el tránsito de mercancías que llegan al puerto de Buenaventura y que circulan luego hacia el resto del país. El homicidio ocurre justo cuando el contrabando irrumpe con fuerza en el debate nacional y ha llevado al presidente Gustavo Petro a dar una rueda de prensa en la que ha admitido la corrupción que persiste en la DIAN tras más de tres años de mandato.

El primer director de la DIAN nombrado por Petro, Luis Carlos Reyes, lleva meses poniendo el foco sobre la infiltración de redes criminales y las presiones políticas “para poner funcionarios en puestos clave”. Se refiere a las denuncias que él, aspirante presidencial de la izquierda no petrista, hizo sobre el actual Ministro del Interior, Armando Benedetti. “Una recomendación de Benedetti no es una mera recomendación”, comenta, en referencia a sus denuncias formales ante la Fiscalía, que realizó a finales de 2024. En una entrevista en Los Danieles el domingo pasado, el economista comentó con desazón la respuesta que recibió de la Fiscalía, que desestimó el caso argumentando que “recomendar no es un delito”.

Benedetti contraatacó al día siguiente. En los micrófonos de La W Radio acusó al funcionario, que pasó de la academia a la DIAN, de tener vínculos con el llamado zar del contrabando, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. El veterano político señala a Reyes de formar parte de una organización criminal bajo el alias de Orejas, basándose en audios y testimonios de agentes encubiertos. El jefe de la cartera de Interior no ha respondido a las preguntas de este diario sobre esas denuncias.

Ha sido en medio de esa convulsión política, que ocurre en pleno ambiente preelectoral, que dos hombres en motocicleta, según las versiones preliminares de las autoridades, le arrebataron la vida a Calao en el municipio al norte del Valle del Cauca. El asesinato es un reflejo de la vulnerabilidad que enfrentan los funcionarios técnicos, como denominan al abogado fuentes de la DIAN que lo conocen y piden la reserva de su identidad por temores de seguridad.

La fragilidad de la entidad, y especialmente de sus sistemas aduaneros, ha quedado expuesta en la rueda de prensa de Petro, que no estaba agendada y fue promovida por los canales de comunicación del Palacio de Nariño. “El software con que se hacen los registros de importaciones o de declaraciones de renta está hecho para robar”, dijo el mandatario en ese espacio. Se refiere, en concreto, a la plataforma Lucía, que según el mandatario, no garantiza un control efectivo sobre los recursos.

Los hallazgos de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), creada justamente para auditar a la DIAN, van más allá. En el mismo espacio, la directora de la poco conocida entidad, Eva Carolina Madrid, reveló que una red criminal manipula, desde dentro, varios sistemas —como SYGA, Siglo XXI y Lucía— para alterar datos y favorecer el contrabando técnico, una de las modalidades de este delito. Y alertó de que la ITRC ha detectado NITs modificados, trámites realizados a nombre de personas fallecidas y personas ajenas a la DIAN operando como funcionarios. Madrid asegura que tres áreas estratégicas “están comprometidas en un 100%”.

Pero la penetración criminal en la entidad es conocida. Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN entre 2010 y 2014, recuerda que durante su gestión, el sistema permitió el paso de más de 70.000 contenedores sin control. “El intento de transformar los sistemas hizo que los funcionarios que lideraron ese proceso terminaran investigados”, afirma, y comenta que “la infiltración en los sistemas informáticos de la DIAN es un hecho conocido por las autoridades”. Doce años después, ninguno de los responsables ha rendido cuentas ante la justicia.

El impacto económico es evidente. Reyes, también exministro de Comercio de Petro antes de su ruptura política, explica por teléfono que la brecha entre exportaciones e importaciones registradas llega a 8.000 millones de dólares al año, unos 30 billones de pesos. “El clientelismo político abre la puerta a personas vinculadas a economías ilegales en puestos de control”, ha cuestionado, en un señalamiento que cobró fuerza luego de que él mismo publicara chats o listas de recomendados por congresistas para cargos en la DIAN. “No es solo la rabiecita de que alguien sin méritos esté en un cargo… es que entran fichas de las economías ilegales a todas las entidades del Estado encargadas de controlarlas”, sentencia.

En un país conocido por ser el principal productor de cocaína del mundo, el contrabando es otro de los brazos financieros de las redes de economía criminal. De hecho, se ha hecho más rentable que otras economías ilícitas, según el antiguo director de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), Juan Carlos Buitrago. “El comercio ilegal de productos como cigarrillos genera beneficios superiores a los del narcotráfico”, sostiene el general en retiro, que calcula que produce hasta seis veces más ganancias que el tráfico de drogas, lo que ha incentivado la cooptación de instituciones públicas por organizaciones criminales.

Diferentes investigaciones en el mundo muestran, como lo denunció también este jueves el presidente Petro, que con el contrabando “se lava el dinero de la cocaína”. Para Buitrago, la falta de mando agrava el panorama. Recuerda que la DIAN, la POLFA y la UIAF, entidad encargada de la inteligencia financiera, “llevan meses sin directores en propiedad”. Esa inestabilidad, afirma, “comenzó en el Gobierno anterior [del uribista Iván Duque] y se profundizó en el actual”. Para el oficial retirado, “el Estado ha perdido capacidad institucional para enfrentar a las mafias del contrabando”.

Para fuentes que conocen internamente la DIAN, el asesinato de Calao subraya que hacer bien el trabajo en las aduanas es una actividad de alto riesgo. Y mientras el debate político en Bogotá se consume entre acusaciones cruzadas, la operatividad del Estado en puntos críticos sigue bajo la presión de estructuras delictivas que aprovechan los vacíos institucionales.