El fiscal se querella contra una fábrica por verter mercurio a la red de agua

El fiscal de Medio Ambiente de Madrid solicita una fianza de 120 millones de pesetas para una empresa química de Getafe a la que acusa de verter mercurio entre 1993 y 1994 en cantidades superiores a las permitidas a la red pública de agua. El fis cal, que ha presentado una querella contra esta industria, responsabiliza del hecho a sus dueños, los hermanos Arturo y Juan Carlos Claro Fernández. Esta sociedad, ubicada en el polígono industrial de Getafe y denominada Gomensoro, SA, se dedica desde 1975 a la fabricación de sales de mercurio.

En marzo de 1993, según relata el fiscal en su reciente querella, el Ayuntamiento de Getafe (143.000 habitantes) le impuso una multa de un millón de pesetas tras conocer el resultado de una inspección que advertía "del vertido a la red pública de agua con cantidades de mercurio superiores a las establecidas en la legislación vigente".En enero de 1994, agrega el fiscal, la sociedad, para evitar nuevos vertidos, adquirió y puso en funcionamiento una depuradora de mercurio. Sin embargo, ello no evitó que en dos inspecciones efectuadas con posterioridad por la Policía Municipal se detectase "una concentración de mercurio superior a la permitida, con proporciones de 4,15 miligramos por litro y 0,47 en la segunda, cuando la cifra máxima permitida es de 0, 1 ".

Tales vertidos, según el fiscal, fueron a parar a la depuradora Sur, gestionada por el Ayuntamiento de Madrid, y cuyas aguas, ya recicladas, desembocan en el río Manzanares. "Hasta el momento", refiere el fiscal, "no hay constancia de que se haya producido una salida de esta depuradora de agua con componentes mercuriales. Sí se ha detectado [en 1994], en cambio, la presencia de mercurio en la depuradora, lo que produce un aumento de la cantidad de fangos, y malos olores".

Mantener la depuradora Sur en condiciones óptimas, evitando los efectos nocivos del mercurio, implica un mayor gasto de energía eléctrica. Entre abril y junio de 1994, este concepto supuso al Ayuntamiento de Madrid un gasto extra cercano a los 15 millones de pesetas. Además, remacha el fiscal, la citada industria carece de la oportuna autorización sobre vertidos.

En su querella, el fiscal relata un hecho inquietante: "Desde 1993, en el interior de la fábrica se halla un depósito de 11 toneladas de productos tóxicos peligrosos. La potencialidad de daño para la salud humana y animal es tan constatable que, hasta el momento, no existe gestor de residuos tóxicos y peligrosos que esté dispuesto a tratar estas sustancias".

El fiscal exhorta a los Ayuntamientos de Madrid y Getafe para que se personen en la causa por los daños causados a sus erarios por la empresa.

Denuncia injustificada

José María García Montoro, jefe del Departamento de Medio Ambiente y asesor jurídico de la empresa denunciada, considera totalmente "injustificada y malintencionada" la querella. Explica García Montoro: "Estamos ante una empresa muy pequeña (20 trabajadores). Y el vertido es insignificante. La depuradora Sur recibe al mes, para que nos entendamos, entre 30 y 40 kilos de mercurio. La cantidad que se nos detectó a nosotros, antes de que tuviésemos la depuradora, era la equivalente al mercurio contenido en un termómetro por día. Cuando un hospital, por ejemplo, consume al mes el contenido de 200 termómetros, cantidad que va directamente a la depuradora sin un tratamiento previo. Nosotros no hemos causado ningún daño a la salud de nadie. El fiscal nos acusa únicamente de habérselo causado a la depuradora, que, por cierto, nunca nos comunicó nada".García Montoro agrega: "La autorización de vertido la solicitamos en su momento, a instancias de la Administración, y aún seguimos esperándola. Y, además, las dos últimas inspecciones efectuadas a petición del fiscal, en febrero y julio de este año, han dado un resultado negativo.

Respecto a las 11 toneladas de residuos peligrosos almacenados, señala: "Hasta el año 1993, los residuos que producía la empresa se llevaban a las minas de Almadén. De pronto, Almadén nos dijo que no se hacía cargo de más vertidos. La acumulación se produjo durante el periodo en que tuvimos que modificar el sistema de producción para no generar más residuos. Una vez modificado, no sabíamos dónde llevar los residuos acumulados, e informamos a la Administración".

"En un momento dado", agrega García, "surge la posibilidad de trasladar los residuos a Colombia, pero la Administración española nos disuade de hacerlo al no existir garantías sobre el destino que se podía dar a los residuos en ese país. Estados Unidos también aceptó hacerse cargo de ellos, pero resultó que carecía de una licencia y tampoco se pudo hacer. De todas formas, están controlados y sometidos a inspecciones periódicas de la Administración".