El Gobierno quiere negociar con los partidos para no asumir en solitario la reforma de la justicia

El Gobierno no quiere tomar en solitario la patata caliente de la crisis de la justicia en España. Delega la reforma de la Audiencia Nacional en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y pide a los partidos políticos consenso para proceder a la reforma de la justicia. Éste fue el mensaje que envió ayer el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, al finalizar el Consejo de Ministros, en cuya rueda de prensa compareció acompañado de la titular de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. Tras el mensaje del vicepresidente está la pretensión del Gobierno de negociar con CiU la reforma del sistema de elección del CGPJ y el reforzamiento del Estatuto disciplinario de los jueces.

El Gobierno ha dado algunos pasos. Ya se ha producido algún contacto entre Mariscal de Gante y la Consejería de Justicia de la Generalitat. El Gobierno pretende que una parte de los magistrados del Consejo General del Poder Judicial sea elegida por las asociaciones de jueces, y que se eliminen las filtraciones en la Audiencia Nacional con un reforzamiento del Estatuto disciplinario de los jueces.No obstante, aún no ha entrado en la negociación el grupo parlamentario de CIU en el Congreso. Unió Democrática de Catalunya (UDC), socio de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), comparte el punto de vista del Gobierno. Jordi Pujol, hasta el momento, coincide con el Gobierno sobre la necesidad de acabar con las filtraciones en la Audiencia, pero aún no se ha pronunciado sobre la conveniencia de que las asociaciones de jueces participen en la elección del CGPJ. Los socialistas están en contra de tal sistema y mantienen que el Parlamento debe elegir a todos los miembros del Consejo.

Flexibilidad negociadora

Álvarez Cascos, que ayer presidió el Consejo de Ministros en sustitución de José María Aznar, que se encuentra en la cumbre europea de Dublin, mostró, en su invitación a la negociación, la "flexibilidad" del Ejecutivo respecto a quien ha de llevar la iniciativa. Apuntó que podía ser del Gobierno, con proyectos de ley de reforma, o de los grupos parlamentarios, con una proposición de ley. Esta es la vía por la que va a tratar de avanzar el Gobierno a través de un intento de negociación con CiU.Tanto Álvarez Cascos como Mariscal de Gante ratificaron la voluntad del Gobierno de reforzar la Audiencia Nacional con más magistrados para el Tribunal Contencioso-Administrativo y una sala más de lo Penal.

Álvarez Cascos fue muy crítico con quienes han propuesto la supresión de la actual Audiencia Nacional, como el ex ministro socialista de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. No aludió, sin embargo, a que fue su compañero de partido y presidente del Congreso, Federico Trillo, quien avivó la polémica al pedir que se "airease" la Audiencia, a la que calificó como un portaaviones que navega fuera de la flota del conjunto de la Justicia. Álvarez Cascos puso el énfasis en que la existencia de esta jurisdicción tiene "plena justificación" al existir problemas de terrorismo y narcotráfico.

Mariscal de Gante insistió en el funcionamiento autónomo de la Fiscalía General del Estado respecto del Gobierno, tanto en la crisis de la Audiencia como en la decisión de Juan Ortíz úrculo de trasladar al fiscal jefe, José Aranda. La ministra dijo que no fue consultada sobre la decisión por el Fiscal General, aunque sí informada con antelación. Tampoco quiso adelantar la posición del Gobierno sobre el traslado de Aranda, y dijo que no la habrá hasta que el fiscal general envíe el informe de la inspección de la Audiencia.