Villalobos encabeza la rebelión de las 7 grandes ciudades contra el "corsé financiero" del Gobierno

Los alcaldes (cinco de ellos del PP) de las siete principales ciudades españolas se han levantado contra el Gobierno, y la alcaldesa popular de Málaga, Celia Villalobos, encabeza la rebelión. La Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, dice ésta, es un "duro corsé" que "impide la gobernabilidad". Fue respaldada por los alcaldes de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Zaragoza, todas ellas con más de 500.000 habitantes. Sólo faltó la valenciana Rita Barberá, presidenta de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), que envió a su primer teniente de alcalde, Alfonso Grau. Éste no se desmarcó de la posición común adoptada en la reunión.

, Los alcaldes, reunidos a lo largo de la jornada de ayer en la capital aragonesa, reclamaron un "inmediato" gran pacto local entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los municipios, que permita las reformas legales que den mayor operatividad a todos los ayuntamientos.La reunión tomó un giro muy crítico contra la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno tramita actualmente en el Senado. La alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, que preside uno de los municipios más endeudados de España, fue explícita: "Nos han puesto un corsé financiero tan duro que va a ser difícil invertir".

El alcalde de Bilbao, Josu Ortuondo, del Partido Nacionalista Vasco, aclaró que el proyecto gubernamental, recogido en la Ley de Acompañamiento, aumenta el endeudamiento de los municipios, ya de por sí agobiados económicamente.

Ortuondo precisó que imputar a las arcas de los Ayuntamientos los costes financieros de los créditos solicitados por las empresas municipales de la vivienda podría provocar que éstas dejaran de construir.

Lentitud y parálisis

El alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall (PSOE), abordó otro aspecto del proyecto, el de las trabas para el endeudamiento de los municipios. Llegó a manifestar que esta ley "paraliza" la actividad de estas sociedades mercantiles "con restricciones y tramitaciones excesivamente lentas".Los miembros del G-7 reclamaron la asunción de nuevas competencias por parte de las administraciones locales, "pero si van acompañadas de la correspondiente financiación porque, de lo contrario, se volvería a hacer otra locura", apostilló Celia Villalobos.

El pacto local, que pretende aumentar las competencias de los municipios a costa de las comunidades autónomas, cuenta con el respaldo del Gobierno y de los 8.000 municipios españoles, como recordó ayer el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano.

Celia Villalobos reclamó la urgente implicación de todos los partidos políticos para abordar el desarrollo del pacto municipal, como fórmula más idónea para conseguir los traspasos de las comunidades autónomas a los ayuntamientos. Éstos reclaman competencias en urbanismo y asuntos sociales y el reforzamiento de la autoridad municipal en materias como tráfico. La implicación de los partidos ya fue solicitada hace más de un mes por el ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, pero no se ha producido ninguna iniciativa real en estas semanas.

El principal obstáculo a este traspaso procede de algunos gobiernos autonómicos, como la Generalitat catalana, muy celosa de sus competencias. El Gobierno de Aznar ha mantenido una política contemporizadora en esta materia, de manera que las comunidades puedan ceder voluntariamente a los municipios competencias de las que ahora son titulares.

Pero ayer saltó la chispa, con la dura intervención de la alcaldesa malagueña del PP, quien recordó que "los grandes ayuntamientos van a ser los grandes perdedores". Celia Villalobos no se anduvo con contemplaciones y manifestó su disposición reivindicativa "gobierne quien gobierne en Madrid o en Sevilla".

Los alcaldes acordaron redactar un enmienda al proyecto de Pacto Local aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la organización más representativa de los 8.000 ayuntamientos españoles. En la enmienda reclaman que se desarrolle "con más precisión" el acceso directo de los municipios al Tribunal Constitucional.